Marcos Isleño, un polémico personaje conocido por sus pillerías y desvíos millonarios de fondos, ahora busca una diputación en el partido Morena. A pesar de las numerosas denuncias en su contra, las autoridades competentes parecen hacer caso omiso a sus acciones.
En un artículo publicado por el periodista Armando Ortiz, se revela que Isleño desvió más de 84 millones de pesos en su primer año como alcalde de Medellín de Bravo, superando a su predecesor. Estos fondos fueron utilizados para financiar su campaña y asegurarse el fuero político, necesario para evadir responsabilidades.
El autor también destaca que durante su gestión, Isleño no ha demostrado transparencia ni calidad en las obras realizadas. Además, se ha señalado la existencia de apoyos sin evidencia de entrega, gastos personales y facturas de empresas fantasmas.
Resulta preocupante que, a pesar de los principios de la 4T, este tipo de casos de corrupción sigan ocurriendo. ¿Dónde queda la convicción de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo?
El alcalde también ha rodeado su administración de personas sin experiencia en cargos clave, lo que ha facilitado su accionar. La directora de Obras Públicas, por ejemplo, carece de experiencia mínima acreditada y se le acusa de inflar los trabajos de los contratistas mediante facturas de empresas fantasma.
Asimismo, el tesorero César Josip Hernández, quien fungió en la misma posición en otro municipio con un quebranto millonario, ha respaldado todas las acciones de Isleño. Incluso el contralor municipal tiene vínculos con el Partido Verde.
La comunidad de Medellín de Bravo se encuentra indignada por esta pérdida millonaria, que ha afectado no solo económicamente, sino también la confianza y el bienestar social de la localidad. Es evidente que se necesita un cambio, ya que los actuales gobernantes parecen estar más preocupados por su beneficio personal que por el bienestar de la comunidad.
Por último, se ha rumorado que Isleño busca un sucesor que cubra su corrupción, alguien que actúe como títere. Esperemos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y se haga justicia.
