Entre el poder y la verdad: el difícil oficio de informar en Veracruz

«Entender la política para comprender el rumbo de la Libertad de Expresión en Veracruz y México.»

Indicadores Políticos

Por Ulín de la Cruz

En toda democracia que aspire a llamarse plenamente democrática, la Libertad de Expresión no debería ser una concesión del poder, sino una garantía para la sociedad. Sin embargo, la realidad mexicana demuestra que entre el discurso oficial y los hechos existe una distancia que, en muchos casos, resulta preocupante. Ejercer el periodismo en México continúa siendo una actividad de alto riesgo, no sólo por la violencia que históricamente ha golpeado al gremio, sino también por las crecientes presiones políticas, económicas e institucionales que enfrentan quienes tienen la responsabilidad de informar.

México ha sido señalado durante años por organismos nacionales e internacionales como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de zonas formalmente reconocidas en conflicto bélico. Las amenazas, agresiones, campañas de desprestigio, intimidaciones, desplazamientos forzados e incluso asesinatos de comunicadores han dejado una profunda huella en el ejercicio de la profesión.

Pero detrás de las cifras existe una realidad aún más compleja: la del periodista que todos los días sale a cubrir una conferencia, un conflicto social, una denuncia ciudadana o una investigación sobre el manejo de los recursos públicos sabiendo que, en ocasiones, la verdad puede incomodar a quienes ostentan el poder.

Veracruz conoce bien esa historia.

Durante las últimas décadas, la entidad se ha convertido en referencia obligada cuando se habla de agresiones contra periodistas. Gobiernos van y gobiernos vienen, pero la percepción de vulnerabilidad entre quienes ejercen el oficio permanece. Los nombres cambian, los discursos evolucionan, pero la sensación de incertidumbre sigue acompañando a muchos reporteros, fotógrafos, camarógrafos, articulistas y directores de medios.

La situación adquiere una dimensión particular cuando se analiza la relación entre el poder político y la prensa crítica. Una democracia madura requiere gobernantes capaces de convivir con el cuestionamiento permanente. Después de todo, la función del periodismo no es aplaudir al poder, sino vigilarlo. Sin embargo, en Veracruz diversos sectores del gremio han expresado preocupación por lo que consideran una creciente tendencia a desacreditar o minimizar aquellas informaciones que contradicen la narrativa oficial.

La administración de la gobernadora Rocío Nahle, no ha escapado a estos cuestionamientos. Entre periodistas y analistas existe la percepción de que, en determinados temas, cualquier versión distinta a la postura gubernamental es recibida con desconfianza, descalificación o rechazo. Para algunos comunicadores, pareciera existir una verdad oficial que difícilmente admite matices, interpretaciones distintas o cuestionamientos legítimos provenientes de la prensa independiente.

El problema no radica en que un gobernante defienda su postura; eso forma parte natural del debate público. La preocupación surge cuando desde el poder se transmite la idea de que toda crítica es un ataque político o que toda información incómoda carece de legitimidad por el simple hecho de resultar inconveniente.

A ello se suma otro tema que se comenta cada vez con mayor frecuencia en los círculos periodísticos del estado: la percepción de trato preferencial hacia determinados columnistas, periodistas y medios de comunicación alineados al régimen . Diversos actores del gremio consideran que tanto desde algunas áreas gubernamentales como desde el propio Congreso del Estado, se han construido esquemas de acceso privilegiado (Me consta personalmente) para medios afines al proyecto político del partido dominante, mientras que otros espacios informativos enfrentan mayores dificultades para acceder a información, entrevistas, acercamientos o cobertura institucional.

Más allá de la veracidad o no de cada señalamiento particular, lo cierto es que la sola existencia de esta percepción revela un problema de confianza que no debería ser ignorado. La relación entre gobierno y prensa nunca será cómoda, pero tampoco debería estar marcada por favoritismos, exclusiones o intentos de clasificación entre periodistas «buenos» y periodistas «malos».

La libertad de expresión no se pone a prueba cuando se publican elogios. Su verdadero valor aparece cuando se protege el derecho a formular preguntas incómodas, a investigar posibles irregularidades y a sostener opiniones críticas sin temor a represalias políticas, económicas o administrativas.

En Veracruz, como en el resto del país, el periodismo enfrenta además otro desafío silencioso: la precariedad. Muchos reporteros trabajan sin prestaciones, sin seguridad social, sin respaldo jurídico y utilizando recursos propios para realizar coberturas que mantienen informada a la ciudadanía. Paradójicamente, son ellos quienes suelen documentar los problemas que afectan a las comunidades más alejadas de los centros de poder.

Cuando un periodista es intimidado, censurado o marginado por ejercer su trabajo, el daño no recae únicamente sobre una persona o un medio de comunicación. La afectación alcanza a toda la sociedad, porque cada espacio informativo que se debilita representa una ventana menos para observar la realidad.

Por ello, la discusión sobre la Libertad de Expresión en Veracruz no debería centrarse en las simpatías o antipatías hacia un gobierno en particular. Se trata de algo mucho más profundo: garantizar que quienes tienen la responsabilidad de informar puedan hacerlo con independencia, seguridad y dignidad.

Al final, los gobiernos son temporales. Las administraciones pasan, los partidos cambian y los discursos evolucionan. Lo que permanece es el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad y la obligación democrática de proteger a quienes la buscan y la difunden.

Porque una sociedad informada puede cuestionar, exigir y participar. Una sociedad desinformada, en cambio, termina dependiendo exclusivamente de la versión que el poder decide contar.

Y la historia ha demostrado, una y otra vez, que ninguna democracia se fortalece cuando sólo existe una verdad autorizada.

Los retos pendientes

Especialistas coinciden en que la protección de periodistas requiere acciones integrales que incluyan:

1. Fortalecimiento de los mecanismos de protección.
2. Combate efectivo a la impunidad.
3. Mejores condiciones laborales para los comunicadores.
4. Capacitación en seguridad física y digital.
5. Mayor coordinación entre autoridades federales y estatales.
6. Reconocimiento público de la importancia del trabajo periodístico.