INGENIO SAN PEDRO
Entre la libertad empresarial y la responsabilidad social
Una salida concertada requiere certeza jurídica, diálogo institucional y sensibilidad con trabajadores y productores
INDICADORES POLÍTICOS
Por Ulín de la Cruz
En torno a la situación que enfrenta el Ingenio San Pedro y la decisión operativa comunicada por Grupo Porres, conviene hacer una pausa antes de caer en posiciones encontradas.
El comunicado de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC) coloca sobre la mesa un principio fundamental para cualquier economía: la libertad empresarial y la certeza jurídica son condiciones indispensables para invertir, generar empleos y mantener activas las cadenas productivas.
Y es difícil cuestionar que Veracruz necesita precisamente eso: empresas que encuentren condiciones para permanecer, invertir y generar oportunidades.
Pero también es cierto que detrás de cada decisión empresarial existen historias humanas. En la industria azucarera no solamente hablamos de balances, precios, mercados o costos de producción; hablamos de trabajadores, familias, productores de caña, transportistas, comerciantes y comunidades enteras cuya economía depende directa o indirectamente de la actividad de los ingenios.
Por eso, el reto no debería plantearse como una confrontación entre empresa y gobierno, sino como la búsqueda de un punto de encuentro donde prevalezcan la legalidad, el diálogo y el interés social.
La libertad empresarial también necesita certidumbre
La Asociación de Industriales del Estado de Veracruz "AIEVAC" advierte sobre los efectos que pueden tener los señalamientos públicos respecto de decisiones patrimoniales y corporativas.
Es un llamado que merece ser escuchado.
Si Veracruz aspira a atraer nuevas inversiones y conservar las que ya existen, debe ofrecer reglas claras, seguridad jurídica y canales institucionales para resolver diferencias.
Pero la certeza jurídica también debe ir acompañada de transparencia y comunicación. Cuando una decisión empresarial tiene efectos importantes sobre una comunidad, informar oportunamente y abrir espacios de diálogo puede contribuir a evitar incertidumbre, rumores y confrontaciones innecesarias.
La mejor política pública, en estos casos, no es presionar a una empresa para que haga lo que legalmente no le corresponde, pero tampoco desentenderse de las consecuencias sociales que una decisión productiva puede generar.
El problema azucarero no nació ayer
Otro punto relevante planteado por AIEVAC es la presión económica que enfrenta la industria azucarera.
La organización empresarial señala factores como la importación de azúcar, el contrabando, la competencia de otros edulcorantes y la sobreoferta que impacta los precios nacionales.
Más allá de las posiciones particulares, existe aquí un asunto que merece una discusión de fondo.
Si producir deja de ser rentable, tarde o temprano las empresas tendrán que ajustar sus operaciones. Y cuando una actividad productiva pierde viabilidad, no solamente pierde la empresa: también resienten los trabajadores, los productores, los proveedores y las economías regionales.
Por eso, el debate debe trascender la coyuntura del Ingenio San Pedro.
¿Qué política necesita Veracruz para proteger y modernizar su agroindustria?
Esa debería ser una de las preguntas centrales.
Gobierno facilitador, empresa responsable
La propuesta de AIEVAC para que las autoridades asuman un papel facilitador resulta pertinente, siempre que exista una visión integral.
Un gobierno facilitador no significa un gobierno ausente.
Significa un gobierno capaz de sentar a la mesa a empresarios, trabajadores, productores y autoridades; identificar obstáculos; gestionar soluciones; promover infraestructura y competitividad; y utilizar las herramientas institucionales disponibles para fortalecer las cadenas productivas.
Del mismo modo, una empresa socialmente responsable no significa una empresa obligada a operar a pérdida.
Significa una empresa que, dentro de la ley y de sus posibilidades, mantiene abiertos los canales de comunicación, cumple sus obligaciones laborales y busca que sus decisiones tengan el menor impacto social posible.
En ese punto parece estar una de las claves para avanzar.
Ni confrontación ni imposiciones
Veracruz no necesita una nueva disputa entre sectores.
Necesita acuerdos.
La libertad empresarial debe protegerse porque sin inversión difícilmente habrá empleo y crecimiento. Pero esa libertad debe convivir con la responsabilidad social, el respeto a los derechos laborales y la atención a las comunidades donde las empresas desarrollan sus actividades.
Y el gobierno, por su parte, debe ejercer su responsabilidad como árbitro y facilitador, sin sustituir las decisiones que corresponden a las empresas, pero tampoco dejando solos a los sectores productivos y laborales cuando enfrentan problemas estructurales.
El caso del Ingenio San Pedro puede convertirse, entonces, en algo más que una controversia coyuntural.
Puede ser una oportunidad para sentar a la mesa a todos los actores y preguntarnos qué podemos hacer para que la agroindustria azucarera de Veracruz siga siendo competitiva, genere empleos y mantenga su importancia económica regional.
El verdadero desafío
Al final, no se trata de decidir quién tiene la razón absoluta.
Se trata de encontrar una solución que respete la ley, dé certeza a la inversión, proteja los derechos de los trabajadores y considere el impacto sobre los productores y las comunidades.
Porque Veracruz necesita empresas fuertes, pero también trabajadores protegidos.
Necesita inversión privada, pero también instituciones capaces de acompañar a las regiones productivas.
Y necesita, sobre todo, diálogo antes que confrontación.
En tiempos donde cualquier diferencia puede convertirse rápidamente en un conflicto político, quizá lo más sensato sea recuperar una vieja fórmula que nunca pierde vigencia: sentarse a la mesa, escuchar todas las voces y construir acuerdos.
El Ingenio San Pedro merece una salida responsable....
Veracruz también.
Ulín de la Cruz
Indicadores Políticos
