Fueron señaladas cinco dependencias estatales, 34 organismos públicos y 171 ayuntamientos; el presunto daño patrimonial supera los 2 mil 311 millones de pesos.
Xalapa, Ver., 28 de octubre de 2025.- Con 34 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, el Pleno de la LXVII Legislatura del Estado aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia relativo a los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024, presentados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis).
El dictamen destaca que, como resultado de las auditorías financieras y técnicas realizadas a dependencias, organismos autónomos, entidades paramunicipales y ayuntamientos, se identificaron inconsistencias administrativas y presuntas irregularidades que pudieran constituir daño patrimonial, por lo que se dará paso al proceso legal para su aclaración.
Dependencias con presunto daño patrimonial
En cinco dependencias del Poder Ejecutivo se determinó un presunto daño patrimonial por 829 millones 397 mil 442.45 pesos. Se trata de:
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP)
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
Secretaría de Medio Ambiente (Sedema)
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa)
Organismos autónomos
En los organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), IVAI, Ceapp, TEV y Trijaev no se detectaron irregularidades que impliquen daño patrimonial.
En el caso de la Universidad Veracruzana (UV) sí se identificó un presunto daño por 1 millón 407 mil 317.86 pesos.
Municipios y entidades paramunicipales
El dictamen señala que en 171 ayuntamientos se presume un daño patrimonial por 1 mil 476 millones 063 mil 654 pesos, además de diversas observaciones administrativas.
Asimismo, en ocho entidades paramunicipales se detectaron irregularidades por 4 millones 449 mil 156.34 pesos, y en siete municipios, en materia de deuda pública y disciplina financiera, presunto daño por 61 millones 486 mil 762.82 pesos.
Conforme a la Ley de Fiscalización Superior, corresponderá a los titulares de los órganos internos de control iniciar las investigaciones y acciones conducentes, así como informar al Orfis sobre su avance.
Posturas de los Grupos Legislativos
El diputado Felipe Pineda Barradas (Morena) afirmó que la aprobación reafirma el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y sostuvo que su bancada no protegerá a quienes resulten responsables.
Por el PVEM, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez lamentó que el presunto daño patrimonial ascienda a más de 2 mil 311 millones de pesos, lo que —dijo— obliga a revisar la eficacia de los mecanismos de fiscalización.
La diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez (PAN) anunció abstención al considerar insuficiente la información presentada.
En tanto, la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar (Veracruz Nos Une) votó en contra y consideró que el informe no contribuye a la transparencia por la manera en que se presentan los datos.
Por Movimiento Ciudadano, Adrián Sigfrido Ávila Estrada también votó en contra, al considerar que el documento “se queda corto” y presenta anomalías técnicas.
