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¿OBRAS TERMINADAS… O REALMENTE NO CONCLUIDAS?

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El Reto de la Fiscalización en Veracruz

Indicadores Políticos.

Ulín de la Cruz

Opinión y análisis


Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un tema que pocas veces ocupa los titulares y que, para muchos, puede parecer lejano o poco interesante. Sin embargo, sus consecuencias las vivimos todos los días.

Hablo de la fiscalización de los recursos públicos, un proceso que determina si el dinero de los ciudadanos realmente se transforma en calles de calidad, hospitales funcionales, escuelas dignas, sistemas de agua potable eficientes y obras que mejoren nuestra calidad de vida.

Porque, al final, no importa si eres contribuyente o beneficiario de un programa público: todos dependemos de que los recursos del Estado se administren con honestidad, eficiencia y transparencia.

Hoy analizaremos por qué una obra puede estar oficialmente terminada… pero no necesariamente bien hecha, y qué nos revela la fiscalización sobre la forma en que se ejerce el dinero público en Veracruz.

El reto de la fiscalización en Veracruz

Cuando un gobierno inaugura una calle, un parque, un sistema de agua potable o una obra de infraestructura, la mayoría de los ciudadanos asume que el proyecto ha concluido y que el dinero público fue correctamente invertido. Sin embargo, en materia de fiscalización existe una realidad mucho más compleja.

Una obra puede aparecer oficialmente como terminada, haber sido pagada en su totalidad e incluso contar con un acta de entrega-recepción. Pero eso no significa necesariamente que cumpla con las especificaciones técnicas, que funcione adecuadamente o que realmente esté prestando el servicio para el cual fue construida.

Hoy analizaremos uno de los temas más importantes para la transparencia y la rendición de cuentas en Veracruz: el contraste entre las obras concluidas y la supervisión técnica que realizan los órganos fiscalizadores durante la Revisión del Ejercicio 2024, “El último informe de resultados, realizado a las Cuentas Públicas del Estado y sus municipios”

Una de las preguntas que con mayor frecuencia se hace la ciudadanía es: ¿qué municipios o dependencias son los que más observaciones reciben durante las auditorías?

La respuesta requiere una explicación cuidadosa.

En primer lugar, debemos distinguir entre el número de observaciones y el monto observado. No siempre quien acumula más observaciones representa el mayor posible daño al erario, ya que una sola observación puede involucrar millones de pesos, mientras que decenas de observaciones pueden corresponder únicamente a errores administrativos o documentales.

En el caso de los ayuntamientos veracruzanos, los informes del ORFIS muestran que las observaciones suelen concentrarse en municipios que ejecutan un mayor número de obras o administran presupuestos más elevados. Esto significa que, por el volumen de recursos y proyectos, también enfrentan un mayor nivel de revisión por parte de los auditores.

Entre las principales irregularidades detectadas destacan expedientes técnicos incompletos, diferencias entre los volúmenes contratados y los realmente ejecutados, deficiencias constructivas, pagos sin la documentación suficiente y obras que, aun cuando fueron reportadas como terminadas, no se encontraban operando plenamente al momento de la inspección.

En cuanto a las dependencias del Gobierno del Estado, históricamente las observaciones suelen concentrarse en aquellas que administran la mayor inversión pública, particularmente las relacionadas con infraestructura, caminos, educación, salud, agua potable y desarrollo urbano.

Es importante destacar que la fiscalización moderna ya no busca únicamente detectar irregularidades; también pretende fortalecer la gestión pública mediante recomendaciones que permitan mejorar la planeación, la supervisión y la ejecución de las obras.

Por ello, más allá de elaborar una lista de «los más observados», el verdadero indicador de una administración eficiente es su capacidad para solventar las observaciones, corregir deficiencias y evitar que éstas se conviertan en responsabilidades administrativas o en un daño patrimonial.

En Veracruz, la fiscalización de la obra pública está principalmente a cargo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, conocido como ORFIS, y, cuando se trata de recursos federales, de la Auditoría Superior de la Federación.

Su trabajo va mucho más allá de revisar facturas o contratos. Los auditores verifican físicamente que las obras existan, que hayan sido construidas conforme al proyecto autorizado, que los materiales utilizados correspondan a los contratados y, sobre todo, que realmente beneficien a la población.

Aquí aparece el primer gran contraste.

Desde el punto de vista administrativo, una obra puede estar completamente terminada: el contrato fue cerrado, el pago realizado y la documentación integrada al expediente. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, esa misma obra puede presentar observaciones importantes.

Puede tratarse de pavimentos con espesores menores a los especificados, drenajes que no funcionan correctamente, luminarias que nunca fueron conectadas, parques sin equipamiento completo o infraestructura que simplemente no presta el servicio esperado.

Es decir, una obra puede existir… pero no necesariamente cumplir con su propósito.

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, el ORFIS identificó observaciones recurrentes relacionadas con expedientes técnicos incompletos, pagos por conceptos no ejecutados, deficiencias constructivas, obras que aún no operaban y diferencias entre lo contratado y lo efectivamente construido.

Esto no significa automáticamente que exista corrupción o un daño patrimonial. Es importante aclararlo.

Las observaciones forman parte de un proceso técnico y jurídico. Los entes fiscalizados tienen la oportunidad de presentar documentación, aclaraciones o evidencia adicional para solventar las inconsistencias detectadas antes de que se determine una responsabilidad.

Otro aspecto relevante es la diferencia entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos.

Mientras la administración estatal suele ejecutar obras de gran magnitud y alto presupuesto, los municipios desarrollan cientos de proyectos de menor tamaño: pavimentaciones, redes de agua potable, drenajes, alumbrado público, rehabilitación de parques y espacios comunitarios.

Precisamente por el gran número de obras municipales, la supervisión resulta mucho más compleja. En muchos casos, los ayuntamientos enfrentan limitaciones técnicas, escasez de personal especializado y recursos insuficientes para dar seguimiento permanente a cada proyecto.

Y aquí surge otra diferencia fundamental: supervisar no es lo mismo que fiscalizar.

La supervisión ocurre mientras la obra está en construcción. Su objetivo es corregir errores antes de que el proyecto concluya.

La fiscalización, en cambio, ocurre después. Su propósito es verificar que los recursos públicos fueron correctamente aplicados y que la infraestructura cumple con las condiciones establecidas en el contrato.

Cuando la supervisión preventiva falla, la fiscalización termina encontrando problemas que pudieron haberse corregido oportunamente.

De acuerdo con los resultados de la Cuenta Pública 2024 del ORFIS, 171 municipios presentaron observaciones con presunto daño patrimonial por un monto conjunto de 1,476.06 millones de pesos.

Con base en la información difundida a partir del informe oficial, los municipios con los mayores montos observados son los siguientes:

LugarMunicipioPresunto daño patrimonial
1Sayula de Alemán$74.1 millones
2Ixhuatlán del Café$65.7 millones
3Omealca$58.4 millones
4Ixtaczoquitlán$52.5 millones
5Pánuco$48.9 millones
6Tantoyuca$43.9 millones
7Hidalgotitlán$36.3 millones
8Chontla$31.6 millones
9Soteapan$28.9 millones
10Naolinco$27.2 millones

Otros municipios con montos relevantes incluyen:

  • Tlaquilpa: $26.0 millones
  • Poza Rica: $25.6 millones
  • Tlalixcoyan: $23.9 millones
  • Santiago Sochiapan: $22.8 millones
  • Álamo Temapache: $22.2 millones
  • Totutla: $21.2 millones
  • Zozocolco de Hidalgo: $21.1 millones
  • Atzalan: $20.4 millones
  • Uxpanapa: $18.8 millones
  • Santiago Tuxtla: $18.8 millones
  • Jilotepec: $18.5 millones.

Estos montos corresponden a presuntos daños patrimoniales determinados por el ORFIS durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2024.

No representan necesariamente, una resolución definitiva ni implican automáticamente responsabilidad administrativa o penal. Los ayuntamientos cuentan con un procedimiento de solventación para presentar documentación, aclaraciones o reintegros antes de que las observaciones adquieran firmeza.

El verdadero reto para Veracruz no consiste únicamente en construir más obras públicas.

El desafío es construir obras de calidad, transparentes, funcionales y capaces de resistir el paso del tiempo.

La ciudadanía no solo espera ver inauguraciones o fotografías del corte de listón. Espera calles que permanezcan en buen estado durante años, sistemas de agua que realmente funcionen, parques seguros y espacios públicos que mejoren la calidad de vida de las comunidades.

Porque, al final, una obra pública no debe medirse por el día en que se inaugura, sino por los años en que continúa sirviendo a la sociedad.

En este sentido y habiendo comprendido que la Fiscalización, Transparencia y Buen manejo de los Recursos Públicos, queda sujeto al ORFIS (órgano, se encarga de esta función), y quienes son los responsables de validar el estado de resultados desde la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

Queda la interrogante de que sigue con aquellos “Entes y Responsables” del mal uso de los recursos del pueblo, la ineficiencia, y corrupción que escalan a delitos presuntamente tipificados como posibles hechos de enriquecimiento ilícito, cohecho o ejercicio abusivo de funciones, pero que nunca o casi nunca son llamados a cuentas de la justicia, ya sea por sus potenciales alianzas con el poder, los propios órganos de revisión o impunidad obtenida.

***Al final, son seres humanos, quienes se prestan a estos ejercicios, diga la ley o procedimientos, lo que diga, siempre hay recovecos para potencializar la impunidad y corrupción en los aparatos del Estado Mexicano.

Ahora bien, «En una democracia moderna, la fiscalización no debe entenderse como una persecución política ni como un mecanismo para desacreditar gobiernos. Debe verse como una herramienta para garantizar que cada peso proveniente de los impuestos de los ciudadanos se traduzca en obras útiles, duraderas y de calidad.

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