Bursatilización en Veracruz: la factura que aún seguimos pagando
La bursatilización en Veracruz: ¿el fin de una pesada herencia o el inicio de una nueva deuda?
INDICADORES POLÍTICOS
Por Ulín de la Cruz
Hay deudas que se pagan con dinero. Y hay deudas que se pagan con el tiempo, con oportunidades perdidas y con el desarrollo que nunca llegó.
La bursatilización de los municipios veracruzanos pertenece a esta segunda categoría.
A dieciocho años de haberse puesto en marcha, el esquema financiero impulsado en 2008 vuelve a ocupar los titulares debido a la propuesta de la gobernadora Rocío Nahle para extinguir anticipadamente la deuda que aún mantienen 199 ayuntamientos.
Pero antes de celebrar o criticar la iniciativa, vale la pena responder dos preguntas fundamentales:
¿Cuánto costó realmente la bursatilización a los veracruzanos?
Y más importante aún:
¿Estamos frente a un rescate financiero responsable o simplemente ante una transferencia de obligaciones al Gobierno del Estado?
Los datos disponibles permiten hacer una primera aproximación.
La bursatilización nació con una deuda inicial cercana a los 1 mil 208 millones de pesos, aunque diversas fuentes oficiales y financieras ubican el monto del financiamiento alrededor de los 1 mil 500 millones de pesos.
Hasta aquí, podría parecer una operación financiera común.
Sin embargo, la historia cambió con el paso de los años.
De acuerdo con información dada a conocer por el propio Gobierno del Estado, los municipios participantes han pagado ya más de 3 mil millones de pesos durante estos casi veinte años y, aun así, todavía mantienen un saldo pendiente que ronda entre los 1 mil 500 y los 1 mil 800 millones de pesos.
Traducido al lenguaje ciudadano, significa que los municipios han desembolsado más del doble de lo que originalmente recibieron y todavía no terminaban de liquidar la deuda.
Si se suman los más de 3 mil millones ya pagados y el saldo aún pendiente, el costo total de la bursatilización podría superar los 4 mil 500 millones de pesos al momento de su liquidación definitiva.
La cifra impresiona.
Representa aproximadamente tres veces el monto originalmente contratado.
Es decir, por cada peso obtenido mediante la bursatilización, los veracruzanos terminarían pagando cerca de tres pesos entre capital, intereses, costos financieros y obligaciones derivadas del esquema.
La pregunta entonces resulta inevitable:
¿Valió la pena?
Es cierto que muchos municipios realizaron obras importantes con esos recursos. También es cierto que en 2008 el acceso al financiamiento fue visto como una alternativa para acelerar proyectos de infraestructura.
Pero después de casi dos décadas, la percepción generalizada es que el costo financiero terminó superando los beneficios obtenidos.
Y es precisamente esa realidad la que explica la propuesta actual del Gobierno estatal.
La iniciativa impulsada por la gobernadora Rocío Nahle plantea que el Estado absorba aproximadamente el 75 por ciento del saldo insoluto, mientras que los municipios cubrirían el 25 por ciento restante bajo un esquema preferencial que concluiría en 2030.
Sobre el papel, la propuesta parece razonable.
Si el saldo pendiente ronda los 1 mil 500 millones de pesos, el Gobierno estatal asumiría alrededor de 1 mil 125 millones, mientras los municipios aportarían aproximadamente 375 millones en los próximos años. Estas cifras son estimaciones basadas en los porcentajes anunciados públicamente.
Bajo este escenario, los municipios dejarían de destinar parte de sus participaciones federales al pago de una deuda heredada y podrían liberar recursos para obras, seguridad pública, alumbrado, agua potable e infraestructura social.
Los defensores de la propuesta afirman que no se trata de generar una nueva deuda, sino de sustituir un esquema caro por uno mucho más barato y manejable.
Sin embargo, también existe una lectura distinta.
Los críticos sostienen que la deuda no desaparece realmente.
Simplemente cambia de manos.
Lo que antes estaba registrado como una obligación municipal ahora sería absorbido, en gran medida, por las finanzas estatales.
Y aquí surge el debate central.
Si el Gobierno estatal cuenta con la capacidad financiera para absorber ese compromiso sin afectar otros programas, podría tratarse de una decisión inteligente que ahorre cientos de millones en intereses futuros.
Pero si la operación compromete recursos que posteriormente harán falta para salud, educación, infraestructura o seguridad, entonces la solución podría convertirse en un nuevo problema.
La diferencia entre un rescate financiero exitoso y una simple transferencia de deuda radica en la transparencia.
Los veracruzanos tienen derecho a conocer cuánto costará exactamente la operación, cuánto se ahorrará realmente y cuál será el impacto en las finanzas estatales durante los próximos años.
Porque después de casi veinte años, la verdadera lección de la bursatilización no es financiera.
Es política.
Nos recuerda que las decisiones tomadas para resolver urgencias del presente pueden hipotecar durante décadas el futuro de generaciones enteras.
Y también nos enseña que cuando una deuda pública se prolonga demasiado tiempo, siempre termina pagándola el mismo acreedor: la ciudadanía.
La bursatilización está cerca de llegar a su fin.
La gran pregunta es si Veracruz está cerrando finalmente un capítulo de endeudamiento o simplemente está cambiando de página sin haber terminado de leer la historia.