Justicia pronta y expedita… ¿para quién?

INDICADORES POLÍTICOS

Por Ulin de la Cruz

La justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. La Constitución mexicana establece que ésta debe ser pronta, expedita, completa e imparcial. Sin embargo, en la práctica política mexicana —y particularmente en Veracruz— la percepción ciudadana apunta cada vez más a una aplicación selectiva de la ley, donde la velocidad de las instituciones parece depender más de las circunstancias políticas que del peso de las pruebas.

Los recientes desafueros de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván colocan nuevamente este tema en el centro del debate público.

Nadie puede estar por encima de la ley. Si existen elementos suficientes para acreditar responsabilidades en delitos tan graves como la desaparición de personas, la actuación del Estado no sólo es legítima, sino obligatoria. La sociedad exige que esos hechos se esclarezcan y que los responsables enfrenten la justicia.

Lo que genera inquietud no es la acción del Estado, sino la evidente diferencia en la rapidez con la que algunos expedientes avanzan mientras otros permanecen archivados durante años.

En cuestión de días, la Fiscalía General del Estado integró las investigaciones, solicitó el desafuero y el Congreso del Estado respondió con una celeridad pocas veces vista. El Congreso del Estado, en su mayoría integrada por diputados miembros de MORENA, encabezados por el diputado "JUCOPO" Esteban Bautista Hernández, aprobará los procedimientos prácticamente sin fisuras, se condujo en el Pleno de la Legislatura un proceso de desafuero que concluyó con una votación prácticamente unánime. Ninguna voz discordante. Ningún cuestionamiento público sobre el contenido de los dictámenes. Ninguna reserva visible que permitiera conocer si realmente existió un análisis exhaustivo por parte de los legisladores; la votación en bloque dejó la impresión de que no existió un debate profundo sobre los dictámenes elaborados por las comisiones correspondientes; pero si sembró la "duda social" de que se actuó por consigna contra la oposición en este caso contra Movimiento Ciudadano, partido que ha tenido serias diferencias políticas con la Gobernadora Rocío Nahle, Y AHÍ ESTA EL DETALLE.

Porque cuando el Congreso actúa con tal velocidad en unos casos y con absoluta parsimonia en otros “COMO LA REVOCACION DE MANDATO”, inevitablemente surge la percepción ciudadana de que existen asuntos prioritarios... y otros que simplemente pueden esperar.

AHÍ APARECEN LAS GRANDES INTERROGANTES.

¿Qué ha ocurrido con las múltiples observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado?

¿Qué destino han tenido los expedientes derivados de presuntos daños patrimoniales (QUE TAMBIEN SON DELITOS DE ALTO IMPÁCTO, por ser objeto de DINEROS Y PATROMONIO DE LOS VERACRUZANOS) detectados en diversas dependencias estatales y administraciones municipales?

El propio ORFIS ha documentado observaciones millonarias que, en muchos casos, han sido respaldadas por auditorías técnicas y procedimientos de fiscalización. Tan sólo en la Cuenta Pública 2024 se identificaron presuntos daños patrimoniales superiores a 2 mil 372 millones de pesos.

¿En qué etapa procesal se encuentran esos expedientes?

¿Cuántos ya derivaron en responsabilidades penales?

¿Cuántos funcionarios han comparecido ante un juez?

¿Cuántos han sido separados del cargo?

Las respuestas siguen siendo escasas.

Para muestra un boton: 

Ejemplo que permanece en la memoria colectiva: los recursos públicos depositados en el desaparecido Banco Accendo durante la administración de la Secretaría de Salud encabezada por Roberto Ramos Alor. Años después, la ciudadanía continúa preguntándose si esos recursos fueron recuperados, quién asumió la responsabilidad administrativa o penal y cuál fue el resultado de las investigaciones.

El silencio institucional también comunica.

Y cuando la justicia parece avanzar únicamente en determinados casos, termina fortaleciendo la percepción de que existen dos velocidades para aplicar la ley: una extraordinariamente rápida para algunos y otra desesperadamente lenta para otros.

Eso erosiona la confianza ciudadana.

No basta con demostrar eficacia cuando el caso genera impacto político o mediático. La verdadera fortaleza de las instituciones se mide cuando investigan con el mismo rigor a todos, sin importar colores partidistas, cargos públicos o cercanías con el poder.

La justicia selectiva deja de ser justicia para convertirse en un instrumento político.

Veracruz necesita instituciones que actúen con la misma firmeza frente a un alcalde señalado por un delito de alto impacto que frente a cualquier servidor público acusado de desviar millones de pesos del patrimonio colectivo.

Los recursos públicos también representan derechos vulnerados.

Cada peso desviado significa menos hospitales, menos escuelas, menos carreteras, menos seguridad y menos oportunidades para miles de familias veracruzanas.

Por eso combatir la corrupción no puede ser una tarea secundaria.

Debe tener la misma prioridad que cualquier otro delito.

La ciudadanía no reclama impunidad para nadie.

Exige congruencia.

Que la ley se aplique con la misma intensidad para todos.

Porque la justicia deja de ser un valor democrático cuando depende de la coyuntura política.

Y entonces la pregunta deja de ser incómoda para convertirse en necesaria:

¿La justicia en Veracruz es pronta y expedita… o simplemente selectiva?

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Justicia sí, pero una justicia imparcial, objetiva y sin distingos.

Solo así la Fiscalía General del Estado (que en tiempos de Verónica Hernández Giadans, quedo muy dañada en credibilidad y confianza) y que Aurelia Jiménez Aguirre, como titular podrá recuperar la confianza de la sociedad y cumplir plenamente con su misión constitucional y no solo estar posicionada al servicio del poder político en turno, aunque sea esa su idelogia.