COMUNIDADES DE COATEPEC Y TLALNELHUAYOCAN DECLARAN EMERGENCIA SANITARIA POR PLAGUICIDAS
El pasado 29 de marzo, habitantes de los municipios de Coatepec y San Andrés Tlalnelhuayocan nos reunimos frente a la escuela primaria Adolfo López Mateos, en la comunidad de El Naranjo. No fue una reunión cualquiera. Nos encontramos en un lugar que simboliza el fracaso del Estado mexicano para proteger a su población: una escuela que lleva tres años cerrada porque los cultivos de papa con plaguicidas altamente peligrosos intoxicaron a niñas, niños y maestras.
La respuesta institucional, lejos de detener las fumigaciones que enfermaban a los menores, fue clausurar el plantel. Hoy, ese espacio vacío es el testimonio de una omisión que se repite en toda la región.
Desde hace 14 años, y de manera aguda en los últimos cinco, el cultivo de papa con agrotóxicos se ha expandido exponencialmente en la cuenca alta del río La Antigua. Se siembra en tierras cuya vocación productiva no es la papa, sino el cultivo de granos básicos combinado con manejo agroforestal, como el café de sombra o la nuez de macadamia, además de la producción de truchas que requiere agua limpia.
Las comunidades de El Naranjo, Otilpan, Xolostla, Mesa Chica, Zoncuantla, Capulines y Xocotla, han visto cómo los cultivos se desarrollan junto a sus escuelas, viviendas y fuentes de agua. En algunos casos, los cultivos están a menos de un metro de distancia, contaminando el aire, el suelo, el agua, las plantas y los animales.
Las afectaciones a la salud ya están aquí: niñas y niños con asma, trombocitopenia, problemas hormonales y respiratorios; adolescentes con tumores que han requerido cirugías múltiples; familias enteras que se enferman cada vez que fumigan. A esto se suma el desplazamiento forzado de población: familias que han tenido que abandonar sus hogares porque ya no soportan vivir envenenadas. Algunas no tienen a dónde ir; otras se fragmentan, separándose para buscar refugio con parientes. El derecho a la vivienda, a la comunidad, al arraigo, al trabajo, está siendo violentado.
Esta subcuenca abastece el 38% del agua que se consume en Xalapa. No es un problema local: es un problema que nos afecta a todas y todos.
El Reglamento Municipal de Ecología de Tlalnelhuayocan, publicado en marzo de 2024, prohíbe la aplicación de agrotóxicos a menos de 500 metros de los núcleos poblacionales. El Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Capital, vigente desde 2017, establece la misma restricción. La Recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que el Estado mexicano ha incumplido su obligación de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas altamente peligrosos, vulnerando los derechos humanos a la alimentación, al agua saludable, a un medio ambiente sano y a la salud.
Sin embargo, en casos alarmantes como la escuela de El Naranjo y las comunidades de Otilpan y Xolostla, el reglamento no se aplica. Las autoridades municipales carecen de personal y recursos; la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) está «rebasada»; la Procuraduría Federal (PROFEPA) argumenta que no puede intervenir; la Secretaría de Salud (SESVER) no tiene vigilancia epidemiológica.
La responsabilidad constitucional de las autoridades es muy clara. El artículo 4° de la Constitución establece los derechos humanos al agua, a la alimentación y a un medio ambiente sano. Estos derechos están siendo violados de manera sistemática en nuestra región. Los casos de cáncer aumentan. Las fuentes de agua de miles de pobladores están contaminadas. La escuela sigue cerrada.
Ante esta situación, las comunidades afectadas declaramos y exigimos:
- Que el Gobierno del Estado de Veracruz declare una EMERGENCIA SANITARIA Y AMBIENTAL en la región. La evidencia es irrefutable: intoxicaciones, contaminación de agua, desplazamiento forzado.
- Aplicación del PRINCIPIO PRECAUTORIO. Ante la duda razonable de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe ser excusa para postergar medidas de protección.
- MORATORIA inmediata a la aplicación de plaguicidas en las cercanías de poblaciones y fuentes de agua.
- Cumplimiento efectivo de la normativa que establece distancias mínimas de 500 metros, incluyendo la suspensión de aplicaciones en zonas de riesgo.
- Implementación de vigilancia epidemiológica activa por intoxicación por plaguicidas, capacitación al personal médico para preguntar por exposición a tóxicos y seguimiento a los niños intoxicados.
- Reapertura inmediata de la escuela primaria Adolfo López Mateos en condiciones que garanticen la salud de los niños, con la eliminación de cultivos de papa en un radio de 500 metros alrededor del plantel.
- Remediación y desintoxicación de suelos contaminados, con metas, plazos, monitoreo independiente y participación comunitaria.
- Instalación de una MESA INTERINSTITUCIONAL con sede en Palacio de Gobierno, convocada por el gobierno del Estado, con participación federal, estatal, municipal, sociedad civil y comunidades afectadas.
- Programas de transición agroecológica viables, dignos y con presupuesto, que ofrezcan alternativas reales a quienes hoy dependen del cultivo de papa con agrotóxicos.
Reconocemos que los productores y ejidatarios tienen derecho al trabajo y a dar manutención a sus familias. Por eso exigimos al gobierno estatal y federal que desplieguen programas de transición agroecológica que ofrezcan alternativas viables, rentables y dignas.
Un gobierno que respalda a la ciudadanía debe velar por el bien común y garantizar, sin excepciones, los derechos humanos.
La escuela de El Naranjo sigue cerrada. Los niños siguen enfermos. Las fuentes de agua siguen contaminadas. Las familias siguen siendo desplazadas. Seguiremos impulsando acciones colectivas.
ATENTAMENTE
Comunidades Unidas de Tlalnelhuayocan y Coatepec
(El Naranjo, Otilpan, Xolostla, Rancho Viejo, Tejocotal, Mesa Chica, Capulines y Zoncuantla)
Contacto para medios: libresdequimicostoxicos@gmail.com