El caso Roxana Guzmán: cuando el silencio también se convierte en noticia

INDICADORES POLÍTICOS

Por Ulín de la Cruz

El secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán, no representa únicamente la pérdida irreparable de una comunicadora. Es un hecho que vuelve a colocar sobre la mesa una de las preguntas más dolorosas que México lleva décadas intentando responder: ¿qué significa ejercer el periodismo en un país donde informar puede costar la vida?

Más allá de las investigaciones judiciales y de las responsabilidades que deberán determinar las autoridades, este episodio obliga a abrir una discusión profunda sobre la libertad de expresión, la seguridad de quienes informan y el derecho de la sociedad a conocer la verdad.

Veracruz conoce bien esta historia.

Durante años ha sido escenario de episodios que han marcado la memoria del periodismo mexicano. En esta entidad trabajan cientos de reporteros, fotógrafos, camarógrafos, columnistas y directores de medios que diariamente cumplen con su labor informativa, muchas veces enfrentando condiciones adversas y riesgos que pocas profesiones conocen.

El caso de Roxana Guzmán vuelve a encender las alarmas.

No solamente por la violencia con la que ocurrieron los hechos, sino por el mensaje que deja entre líneas. Cuando un periodista desaparece o es asesinado, la víctima inmediata es una persona, una familia y una redacción. Sin embargo, el impacto trasciende mucho más allá.

El mensaje alcanza a todos los medios de comunicación.

Al reportero que cada mañana sale con una libreta y una cámara.

Al fotógrafo que documenta una manifestación.

Al periodista digital que transmite desde un teléfono celular.

Al director de un pequeño portal informativo que, prácticamente solo, realiza labores de reportero, editor, administrador y diseñador.

Pero también alcanza a toda la ciudadanía.

Porque cuando un periodista deja de investigar por miedo, la sociedad deja de conocer una parte de la realidad.

El efecto invisible: la autocensura

Quizá la consecuencia más preocupante de un crimen contra un periodista no sea únicamente la noticia del asesinato.

Sino aquello que nunca volverá a publicarse.

La autocensura.

Es un fenómeno silencioso. No aparece en las estadísticas ni ocupa titulares de primera plana. Sin embargo, modifica profundamente la manera en que se informa.

Después de hechos como éste, muchos periodistas comienzan inevitablemente a preguntarse si vale la pena investigar determinados temas; si conviene documentar actos de corrupción; si resulta prudente cubrir hechos relacionados con la violencia o si es más seguro limitarse a reproducir boletines oficiales.

Cada historia que deja de contarse representa una pérdida para la sociedad.

Porque el periodismo cumple una función esencial en cualquier democracia: vigilar al poder, documentar los hechos y ofrecer información verificable para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas.

Los retos del periodismo regional

Este caso también vuelve a poner bajo los reflectores una realidad pocas veces visible.

La mayoría de los periodistas que laboran en municipios pequeños trabajan con recursos limitados.

Muchos sostienen medios digitales independientes. Realizan simultáneamente funciones de reportero, fotógrafo, camarógrafo, editor, administrador de redes sociales y director editorial.

Con frecuencia carecen de seguros, protocolos de seguridad o respaldo institucional.

Las redes sociales les han permitido ampliar su alcance y fortalecer el contacto con la ciudadanía.

Pero también han incrementado su nivel de exposición.

Hoy una transmisión en vivo puede llegar a miles de personas.

Y también puede ser observada por quienes buscan intimidar, amenazar o silenciar.

El silencio institucional

Uno de los aspectos que mayor inquietud ha generado dentro del gremio periodístico ha sido la percepción de una respuesta institucional insuficiente por parte del Gobierno de Veracruz, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle García.

Para numerosos comunicadores, la gravedad del caso requería un posicionamiento más firme, visible y empático; no solamente como muestra de solidaridad con la familia de Roxana Guzmán y con el gremio periodístico, sino como una señal clara del compromiso del Estado con la defensa de la libertad de expresión.

Cuando el silencio institucional se prolonga o la comunicación oficial resulta limitada, inevitablemente surgen cuestionamientos sobre la prioridad que realmente ocupa la protección de quienes ejercen el periodismo.

En momentos como éste, las palabras no resuelven una tragedia.

Pero la ausencia de ellas también comunica.

Y termina convirtiéndose en noticia.

¿Funcionan los mecanismos de protección?

Cada vez que ocurre un ataque contra un periodista resurgen las mismas preguntas.

¿Se identificaron oportunamente los riesgos?

¿Existían medidas preventivas suficientes?

¿Funcionaron los mecanismos de protección?

¿La coordinación entre autoridades estatales y federales fue adecuada?

Responder con transparencia estas interrogantes será fundamental no solamente para esclarecer este caso, sino para fortalecer la confianza de quienes diariamente ejercen el periodismo.

Porque la protección no debe comenzar cuando ocurre una tragedia.

Debe construirse mucho antes.

Combatir la impunidad

Las investigaciones deberán establecer con precisión qué ocurrió, cuál fue el móvil y quiénes son los responsables.

No solamente quienes ejecutaron el crimen.

También, en caso de existir, quienes lo planearon, ordenaron o facilitaron.

La experiencia demuestra que cuando los delitos contra periodistas permanecen impunes, el efecto intimidatorio se multiplica.

La justicia no devuelve una vida.

Pero sí puede enviar un mensaje contundente de que los ataques contra la libertad de expresión no quedarán sin consecuencias.

Una reflexión necesaria

A veces se piensa que un atentado contra un periodista afecta únicamente a quienes trabajan en los medios de comunicación.

No es así.

Cada reportaje que deja de publicarse.

Cada investigación que se abandona.

Cada denuncia que nunca llega a conocerse.

Representa información que la sociedad pierde.

El periodismo no pertenece exclusivamente a quienes lo ejercen.

Es un servicio público que fortalece la democracia, promueve la transparencia y permite que la ciudadanía participe con mayor conocimiento en los asuntos públicos.

El caso de Roxana Guzmán será recordado por la gravedad de los hechos.

Pero también por las preguntas que deja abiertas.

¿Habrá verdad y justicia?

¿Se fortalecerán realmente las medidas de protección para periodistas?

¿Se romperá el ciclo de violencia e impunidad que durante años ha golpeado al gremio?

Las respuestas no sólo definirán el rumbo de un expediente judicial.

También influirán en el futuro del periodismo regional y en la confianza que la sociedad deposita en sus instituciones.

Porque cuando un periodista es silenciado, no sólo pierde la voz una persona.

Pierde la sociedad una herramienta indispensable para conocer la verdad, cuestionar al poder y ejercer plenamente su derecho a estar informada.