La Mañanera y el espejo de la réplica
Si la conferencia presidencial se ha convertido en una poderosa plataforma de comunicación política, también tendría que abrir espacio para la respuesta inmediata de quienes son señalados desde el poder.
Por Ulin de la Cruz
La discusión sobre los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha abierto un debate que va más allá de la regulación de los medios de comunicación. En el fondo, la pregunta es mucho más delicada: ¿quién decide qué es verdad y hasta dónde puede llegar el poder público para intervenir en la información?
En medio de esta controversia, el Partido Acción Nacional (PAN) ha decidido llevar la discusión directamente a Palacio Nacional. Su dirigente nacional, Jorge Romero, planteó que, si el Gobierno Federal pretende establecer reglas para garantizar los derechos de las audiencias, entonces la conferencia presidencial —conocida como La Mañanera del Pueblo— también debe sujetarse a principios de equilibrio, responsabilidad y derecho de réplica.
La propuesta parece provocadora, pero no carece de lógica.
Durante años, las conferencias matutinas han dejado de ser únicamente un espacio institucional para informar sobre programas, obras o decisiones gubernamentales. Se han convertido en una de las principales herramientas de comunicación política del Ejecutivo Federal: un escenario desde el que se fijan posturas, se responden críticas, se cuestiona a adversarios y, en ocasiones, se señalan directamente a partidos, medios de comunicación, empresarios, periodistas o personajes de la vida pública.
El problema surge cuando quienes son mencionados o cuestionados desde esa tribuna no tienen la posibilidad de responder con la misma inmediatez ni bajo las mismas condiciones.
Porque una cosa es que el Gobierno ejerza su derecho a informar y defender sus decisiones, y otra muy distinta que una plataforma financiada con recursos públicos se convierta en un espacio de confrontación política sin mecanismos claros para escuchar la otra versión.
Jorge Romero lo resumió con una pregunta que, más allá de la retórica partidista, merece analizarse:
“¿Vas a dejar que el gobierno diga qué es verdad? O sea, ¿va a haber un ministerio de la verdad de la 4T para que después sancionen?”
La expresión puede parecer exagerada, pero toca un punto sensible: cuando el Estado pretende establecer criterios sobre la veracidad de los contenidos, siempre existe el riesgo de que la regulación termine convirtiéndose en una herramienta de presión, censura o control político.
Por eso, el PAN ha anunciado que buscará incorporar el derecho de réplica dentro de los lineamientos y que este alcance también a las conferencias presidenciales.
“Lo que vamos a exigirle en estos lineamientos es que se regule entonces también el derecho de réplica, y el derecho de réplica a la Mañanera, a sus mañaneras, para que se responda en tiempo real a la presidenta”, sostuvo Romero.
La exigencia abre un debate complejo.
¿Debe la presidenta permitir que un dirigente opositor responda en vivo cada vez que sea mencionado? ¿Tendrían que abrirse espacios para periodistas, ciudadanos o representantes de organizaciones que consideren que fueron señalados injustamente? ¿Cómo se evitaría que el derecho de réplica se convierta en un escenario permanente de confrontación política?
No son preguntas sencillas.
Sin embargo, tampoco puede ignorarse que el derecho de réplica existe precisamente para equilibrar el poder de quien tiene una plataforma de gran alcance frente a quien resulta afectado por una información o señalamiento.
Y en México pocas plataformas tienen mayor alcance político y mediático que la conferencia presidencial.
La discusión no debería reducirse a si el PAN tiene razón o si Morena busca censurar. El debate tendría que centrarse en algo más importante: las reglas de comunicación pública deben aplicarse con el mismo rigor a todos, incluido el Gobierno.
No puede haber exigencias para los medios y excepciones para el poder.
Si se pretende proteger a las audiencias de información falsa, sesgada o manipulada, también debe garantizarse que las personas y organizaciones señaladas desde la tribuna presidencial tengan mecanismos efectivos para presentar su versión.
La democracia no se fortalece cuando una sola voz tiene el control absoluto de la narrativa. Se fortalece cuando existen condiciones para contrastar versiones, cuestionar al poder y responder a los señalamientos.
La Mañanera es, sin duda, un instrumento legítimo de comunicación gubernamental. La presidenta tiene el derecho y la obligación de informar. Pero informar no debería significar monopolizar la verdad.
Porque cuando el poder habla todos los días y los aludidos sólo pueden responder después, en otros espacios y con menor alcance, el terreno deja de ser parejo.
Y si los nuevos lineamientos buscan verdaderamente proteger los derechos de las audiencias, quizá la primera prueba de congruencia debería comenzar en Palacio Nacional.
Al final, la pregunta no es si la oposición debe tener un micrófono dentro de La Mañanera.
La pregunta es otra:
¿Está dispuesto el poder a escuchar, en tiempo real, a quienes cuestiona desde su propia tribuna?
