El IVD bajo la lupa: desvíos, presuntas malversaciones y el laberinto administrativo detrás de la crisis de las becas deportivas
- La auditoría ordenada por el Gobierno de Veracruz buscará esclarecer si las irregularidades documentadas en evaluaciones oficiales y los deficientes procedimientos administrativos derivaron en la crisis que dejó sin becas a cientos de atletas y entrenadores.
Por la Redacción
Xalapa, Ver.— El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) tiene ante sí una tarea que rebasa la revisión de un padrón de beneficiarios. La instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García para verificar quiénes son los legítimos acreedores de las becas deportivas y esclarecer por qué alrededor de 500 atletas y entrenadores dejaron de recibir ese apoyo durante tres meses abre una puerta hacia un problema de mayor dimensión.
La revisión podría convertirse en el punto de encuentro entre una crisis pública visible y una serie de observaciones oficiales que, desde hace meses, advertían sobre las deficiencias administrativas y de control en el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), bajo el mando de Crisanto Grajales
Si la auditoría se desarrolla con rigor, el OIC no encontrará únicamente expedientes incompletos o retrasos en los pagos. Encontrará indicios de un modelo de gestión caracterizado por la discrecionalidad, la falta de controles internos y una administración incapaz de garantizar certeza jurídica y financiera a los beneficiarios de programas públicos.
Lo relevante del caso es que estas señales no surgieron a partir de la polémica actual. El propio Gobierno del Estado ya contaba, desde finales de 2025, con documentos oficiales que advertían sobre las debilidades institucionales del IVD.
El primero fue el Programa Anual de Evaluación 2025 (PAE 2025), cuyo diagnóstico señaló áreas de oportunidad en la planeación, el seguimiento de metas, la integración de padrones y los mecanismos de evaluación de resultados.
Posteriormente, la Cuenta Pública 2025 volvió a exhibir inconsistencias administrativas relacionadas con el ejercicio de recursos, el cumplimiento de objetivos y la necesidad de fortalecer los procesos internos para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
A esos antecedentes ahora se suma la auditoría técnica elaborada por el Observatorio Veracruzano del Deporte, documento que profundiza en problemas estructurales que van más allá del retraso en el pago de becas y que plantea la existencia de un esquema institucional donde la improvisación terminó sustituyendo a la planeación.
Vista en conjunto, la información contenida en estos tres documentos dibuja un patrón difícil de ignorar.
No se trata de errores aislados ni de una contingencia administrativa derivada de un problema financiero temporal. Se trata de observaciones reiteradas que, durante meses, fueron acumulándose sin que existieran acciones correctivas suficientes para evitar que el conflicto terminara afectando directamente a quienes representan al estado en competencias nacionales e internacionales.
La pregunta, entonces, cambia de enfoque.
Ya no es únicamente por qué dejaron de pagarse las becas.
La verdadera interrogante es por qué, existiendo diagnósticos oficiales que advertían las debilidades del Instituto Veracruzano del Deporte, nadie actuó con la oportunidad necesaria para corregirlas.
La diferencia es sustancial.
Una demora administrativa puede resolverse con una transferencia presupuestal.
Una falla sistémica exige responsabilidades administrativas, correctivos institucionales y, eventualmente, sanciones para quienes permitieron que las advertencias se transformaran en una crisis pública.
El reto del Órgano Interno de Control no será demostrar que hubo un retraso en los pagos. Ese hecho ya es reconocido públicamente.
Su verdadera responsabilidad será determinar si dicho retraso fue consecuencia de negligencia, deficiencias en los controles internos, decisiones discrecionales o posibles irregularidades en la administración de los recursos públicos.
Porque cuando tres documentos oficiales apuntan hacia el mismo problema y la afectación termina alcanzando a cientos de deportistas, la auditoría deja de ser un procedimiento administrativo para convertirse en una prueba de la capacidad del Estado para corregirse a sí mismo.
La transparencia no comienza cuando estalla el escándalo.
Comienza cuando las instituciones actúan a tiempo frente a las advertencias que ellas mismas producen.
El resultado de esta revisión no sólo definirá el futuro inmediato del Instituto Veracruzano del Deporte. También enviará un mensaje sobre el compromiso del gobierno estatal con la rendición de cuentas y la legalidad.
Si el OIC decide seguir el rastro que dejaron las evaluaciones oficiales, podría demostrar que las respuestas ya estaban escritas mucho antes de que la crisis llegara a las conferencias de prensa.
La pregunta es si ahora habrá voluntad para convertir esos hallazgos en acciones concretas.
