INDICADORES POLÌTICOS
Por Ulín de la Cruz
La política mexicana tiene una memoria selectiva. Cuando estalla un escándalo, los protagonistas suelen mirar hacia el pasado, señalar a sus adversarios y construir una narrativa que les permita salir lo menos raspados posible. Hoy, en medio de la crisis que sacude al Instituto Nacional Electoral (INE), esa vieja estrategia vuelve a cobrar fuerza.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por el Xalapeño Aureliano Hernández Palacios Cardel, anunció que investigará las contrataciones del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) correspondientes al periodo 2000-2025. Una revisión histórica que, en principio, podría revelar cómo se distribuyeron los recursos públicos destinados a la organización de los procesos electorales durante más de dos décadas.
La noticia llega en un momento políticamente delicado: Guadalupe Taddei ha renunciado a la presidencia del INE, luego de que salieran a la luz señalamientos sobre corrupciòn, presuntos conflictos de interés y relaciones con proveedores de material electoral.
Y aquí comienza la verdadera lectura política del asunto.
UNA INVESTIGACIÓN QUE MIRA HACIA EL PASADO
La decisión de la ASF no es menor. Investigar las adjudicaciones de los últimos 25 años significa poner bajo la lupa a distintas administraciones electorales, desde los tiempos del Instituto Federal Electoral (IFE) hasta la actual estructura del INE, así como a los organismos locales de las 32 entidades federativas.
El anuncio de la auditoría abre la posibilidad de conocer si determinados proveedores concentraron contratos, si existieron prácticas de competencia simulada o si los procedimientos de adquisición fueron utilizados para favorecer intereses particulares.
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La fiscalización también podría alcanzar a funcionarios y exfuncionarios que participaron en las decisiones administrativas de distintas épocas.
La ASF tiene ahora una responsabilidad que va más allá del discurso. Debe demostrar que su investigación será técnica, objetiva y ajena a los intereses de cualquier partido político.
SHEINBAUM Y LA ESTRATEGIA DE DESMARCAR A MORENA
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que las investigaciones no deben limitarse a la gestión de Guadalupe Taddei. Su argumento apunta a que las posibles irregularidades en las contrataciones electorales podrían tener antecedentes mucho más antiguos.
En sus declaraciones también ha cuestionado a los proveedores privados, a quienes ha llamado “coyotes”, y ha planteado la necesidad de fortalecer a Talleres Gráficos de México para la producción de materiales electorales.
La postura presidencial tiene una lógica institucional: si existen sospechas de corrupción, deben investigarse sin importar cuándo ocurrieron ni quiénes estuvieron involucrados.
Pero también existe una lectura política.
Morena enfrenta el desafío de evitar que el escándalo del INE se convierta en una crisis de credibilidad para el movimiento que llegó al poder con la bandera de combatir la corrupción.
La ampliación de las pesquisas hacia administraciones anteriores puede contribuir a esclarecer el origen de las posibles irregularidades, pero también puede funcionar como un mecanismo de contención política: desplazar el foco de atención de una controversia presente hacia los antecedentes de quienes gobernaron antes.
La pregunta es inevitable: ¿se busca esclarecer la corrupción electoral o construir una narrativa que permita a Morena deslindarse de un escándalo que amenaza con salpicarlo?
LORENZO CÓRDOVA TAMBIÉN ENTRA EN LA DISCUSIÓN
La revisión histórica de las contrataciones electorales inevitablemente coloca bajo el escrutinio público a las administraciones anteriores del INE, incluida la encabezada por Lorenzo Córdova entre 2014 y 2023.
Aunque el anuncio de la ASF no implica una acusación directa contra el exconsejero presidente, sí abre un debate sobre la responsabilidad de quienes estuvieron al frente del organismo durante los años en que se realizaron las adquisiciones que ahora serán revisadas.
Sheinbaum ha cuestionado la trayectoria de Taddei y su paso por organismos electorales locales antes de llegar al INE. También ha señalado que el problema podría ser estructural y no exclusivo de una sola persona.
El razonamiento merece atención: si las presuntas irregularidades se extendieron durante distintas administraciones, el problema no puede explicarse únicamente por la actuación de una funcionaria.
Pero tampoco debe utilizarse el pasado como una cortina de humo para evitar esclarecer los hechos recientes.
La corrupción no tiene colores partidistas. Si hubo funcionarios que facilitaron contratos irregulares, deben responder, sin importar si pertenecieron al PRI, PAN, PRD, Morena o a cualquier otra fuerza política.
LA ASF, ANTE UNA PRUEBA DE CREDIBILIDAD
Aureliano Hernández, tiene ante sí una oportunidad para demostrar que la fiscalización superior puede convertirse en un instrumento efectivo de rendición de cuentas.
La revisión de las contrataciones del INE y de los OPLE debe arrojar resultados verificables. No basta con anunciar auditorías de gran alcance ni con señalar que existen irregularidades históricas.
La ciudadanía necesita conocer quiénes contrataron, qué empresas fueron beneficiadas, bajo qué procedimientos se adjudicaron los recursos y si hubo daños al erario.
Una investigación de esta magnitud no puede convertirse en un expediente político que se abra cuando conviene y se archive cuando incomoda.
La transparencia debe ser completa.
EL ÁRBITRO ELECTORAL NO PUEDE QUEDAR BAJO SOSPECHA
El INE es una de las instituciones fundamentales de la democracia mexicana. Su legitimidad depende de la confianza ciudadana, de la imparcialidad de sus autoridades y de la certeza de que los recursos públicos se utilizan correctamente.
Cuando aparecen señalamientos de corrupción, el daño no se limita a una persona o a una administración. Se extiende a la credibilidad de la institución y, por consecuencia, al sistema electoral.
Por eso, la investigación debe avanzar con rigor y sin convertirse en una disputa entre partidos.
Si las irregularidades comenzaron hace 25 años, que se investiguen. Si continuaron durante gobiernos posteriores, que se documenten. Si alcanzaron a funcionarios de Morena, que también se deslinden responsabilidades.
Porque, al final, la pregunta que debe responderse no es quién logra desmarcarse del escándalo, sino quiénes utilizaron los recursos públicos para favorecer intereses particulares y quiénes deberán responder por ello.
Para la sobrevivencia y credibilidad del INE, la nueva titular (va ser mujer) debe desmarcarse de MORENA, y sembrar la certidumbre de que el órgano electoral, vuelve a ser de los ciudadanos y que responde al cuidado de la democracia por y para los mexicanos.
