El SAT cancela 60 patentes a agentes aduanales va contra la corrupción y huachicol fiscal
Por Redacción
El Gobierno Federal lanzó un nuevo misil contra uno de los sectores más sensibles de la economía mexicana: las aduanas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó la cancelación de más de 60 patentes de agentes aduanales (AA) por prácticas irregulares, al tiempo que reveló que 500 de los 800 agentes vigentes están bajo sospecha y 84 enfrentan investigaciones por actividades de alto riesgo.
El anuncio lo hizo Erick Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior, ante diputados de la Comisión de Hacienda, y de inmediato provocó inquietud en el sector privado, donde los agentes aduanales son considerados piezas clave del comercio exterior.
El corazón de las aduanas bajo sospecha
Los agentes aduanales no son funcionarios públicos, sino personas físicas con patente otorgada por Hacienda, que representan a importadores y exportadores para realizar trámites de despacho aduanero, clasificación arancelaria y pago de impuestos. En la práctica, son los intermediarios legales entre el Estado y quienes mueven mercancías por las fronteras mexicanas.
Pero lo que debería ser un puente de legalidad y confianza, se ha convertido en terreno fértil para irregularidades. Jiménez Reyes reconoció que incluso hay agentes que superan los 85 años de edad, con patentes utilizadas como licencias para encubrir operaciones de corrupción.
Golpe político disfrazado de medida fiscal
Aunque el SAT argumenta que se trata de un esfuerzo para limpiar las aduanas y fortalecer la recaudación, lo cierto es que este golpe tiene un trasfondo político evidente. Las aduanas han sido, históricamente, un espacio de poder económico y político, donde se entrelazan intereses empresariales, logísticos y hasta sindicales.
La decisión de cancelar decenas de patentes en bloque, y poner bajo sospecha a más de la mitad de los agentes vigentes, es interpretada en el sector privado como una señal de fuerza de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, que busca consolidar el control gubernamental sobre un negocio multimillonario que, por décadas, operó bajo la lógica de la discrecionalidad y los privilegios.
Empresarios y oposición, en pie de alerta
Las reacciones no se harán esperar. Los empresarios verán en esta medida un ataque directo a sus intereses y un factor de incertidumbre en el comercio exterior. La oposición, por su parte, encontrará en el tema un nuevo argumento para denunciar lo que consideran un exceso de poder del gobierno federal, disfrazado de “lucha contra la corrupción”.
En otras palabras, el gobierno de Sheinbaum ha tocado una de las fibras más sensibles de la economía nacional, y las consecuencias políticas podrían ser mucho más profundas que el golpe fiscal anunciado.
Una aduana en disputa
El mensaje es claro: la llamada Cuarta Transformación no está dispuesta a compartir el control de las aduanas con nadie. Pero la pregunta que queda en el aire es inevitable:
¿Se trata realmente de un combate frontal contra la corrupción o de una estrategia política para someter a quienes, históricamente, han manejado a discreción las puertas del comercio mexicano?
Lo cierto es que, en este pulso entre el SAT, los agentes aduanales y los empresarios, la economía y la política van de la mano, y el desenlace marcará uno de los capítulos más intensos del sexenio.
