El manotazo de Ahued necesario en la SEGOB, ¡¡¡pero que llega hasta Córdoba!!!
Cuando el desorden rebasa al poder
Ulin de la Cruz
Vaya sacudida la que —según diversas versiones mediáticas— ha comenzado a gestarse desde la Secretaría de Gobierno en Veracruz. Ricardo Ahued habría decidido dejar claro que esa oficina no está para la simulación, sino para ejercer control político real en un estado donde los problemas brotan a diario: inseguridad, crisis en servicios, inconformidad social y una gobernabilidad cada vez más frágil.
Estos focos rojos no son menores. Impactan directamente en la percepción ciudadana y, por consecuencia, en la imagen del gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle. El problema no es solo la acumulación de conflictos, sino la aparente falta de operación política efectiva para contenerlos, y que dependencias como la Secretaria de Salud y especialmente en la Secretaria de Educación del Estado de Veracruz, ya es cotidiano conocer en los medios de comunicación de las problematicas que organizaciones civiles, sindicatos y afectados directos reclaman al Gobierno de Nahle García.
Futurismo político vs. realidad social
Mientras el estado enfrenta tensiones reales, algunos actores dentro del aparato gubernamental parecen más enfocados en la autopromoción rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030. Redes sociales y medios afines se han convertido en vitrinas de aspiraciones anticipadas, desconectadas de una ciudadanía que, lejos de pensar en candidaturas, exige resultados inmediatos.
Este desfase entre prioridades políticas y necesidades sociales no solo genera irritación, sino que alimenta la percepción de improvisación dentro del gobierno.
Otro caso que puede encender más la mecha
El episodio de la suspensión de servicios notariales en la llamada “Ciudad de los 30 Caballeros” se ha convertido en un punto crítico. La decisión, sustentada en presuntos “autos de vinculación a proceso”, terminó por exhibir inconsistencias legales, luego de que el juez del caso presuntamente señalará que no existe responsabilidad punible o vinculación directa de los notarios involucrados.
De confirmarse esta versión, el golpe institucional sería doble: primero por la medida precipitada en la que operaron algunos servidores de la administración estatal desde la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y después por la eventual necesidad de revertirla. En ese escenario, no solo se afectó la operación jurídica, administrativa y política, sino también la reputación de los fedatarios señalados.
Gobernar también implica corregir
El verdadero reto ahora no es únicamente contener el desgaste, sino corregir con responsabilidad. Si hubo exceso o falta de sustento legal, alguien deberá asumir costos. Y si la decisión se revierte, la disculpa institucional será inevitable.
Ahued, conocido por su perfil pragmático, enfrenta una prueba compleja: ordenar la casa sin profundizar el desgaste político. Porque en política, el problema no es equivocarse, sino insistir en el error.