Indicadores Políticos

Ulín de la Cruz

En política, el poder suele ser efímero cuando se construye únicamente desde la cercanía con el gobernante en turno y no desde la consolidación de acuerdos reales, liderazgo territorial auténtico o resultados que trasciendan la propaganda. Ese parece ser hoy el escenario que enfrenta el diputado federal Zenyazen Escobar García, cuya figura política atraviesa uno de los momentos más complejos desde que abandonó la titularidad de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Es innegable que durante su paso por la SEV, Escobar García logró construir una poderosa estructura política y mediática al amparo de su cercanía con el exgobernador Cuitláhuac García Jiménez. Los recursos institucionales, la operación territorial y una extensa red de promotores, operadores y comunicadores afines, le permitieron posicionarse políticamente y obtener la diputación federal por el distrito de Córdoba.

Sin embargo, la política cambia rápidamente cuando se pierde el control del aparato gubernamental. Hoy, lejos de los reflectores oficiales y sin la fuerza institucional que lo respaldaba, comienzan a evidenciarse fracturas internas, resistencias y cuestionamientos que desde hace tiempo permanecían contenidos dentro de Morena y de diversos grupos políticos regionales.

Las aspiraciones de Zenyazen Escobar por convertirse en el nuevo cacique político de la región de las Altas Montañas y proyectarse rumbo a una eventual candidatura a la gubernatura en 2030, parecen haber acelerado conflictos con actores locales, alcaldes, liderazgos territoriales y sectores empresariales. El problema no es únicamente la ambición política —natural en cualquier actor público— sino la percepción creciente de que dichas aspiraciones responden más a intereses personales que a la construcción de un proyecto colectivo dentro de la llamada Cuarta Transformación.

A ello se suma el desgaste provocado por señalamientos sobre presuntas relaciones con contratistas, proveedores y grupos políticos polémicos de la región cordobesa, temas que, aunque hasta ahora permanecen más en el terreno mediático y político que judicial, han deteriorado la narrativa de austeridad y congruencia que Morena intenta sostener frente a la ciudadanía.

Particularmente delicado resultó el episodio ocurrido en la Riviera Veracruzana relacionado con el incendio del yate “Scualo”, embarcación que diversas versiones públicas vincularon con el legislador federal. Más allá de la confirmación o desmentido sobre la propiedad de dicha embarcación, el escándalo golpeó severamente la percepción pública debido al contexto político y social que atraviesa Veracruz. Las imágenes, comentarios y versiones alrededor del caso alimentaron la crítica hacia ciertos sectores de la clase gobernante morenista que, paradójicamente, terminaron reproduciendo los mismos excesos, privilegios y estilos de vida que durante años condenaron desde la oposición.

El asunto agravó aún más la imagen pública de quien en otros tiempos fuera conocido con el sobrenombre artístico de “Tarzan Boy”, mote que hoy vuelve a circular con fuerza en el debate político regional y en redes sociales, acompañado de cuestionamientos sobre su comportamiento político y personal.

Pero quizá el conflicto más significativo no se encuentra fuera de Morena, sino dentro de la propia estructura del movimiento. Diversos grupos morenistas y alcaldes de las Altas Montañas muestran un creciente desgaste frente a las constantes presiones políticas que atribuyen al diputado federal para colocar perfiles afines en administraciones municipales, influir en nóminasespeciales, impulsar contratos a contratistas y proveedores cercanos o intervenir en decisiones administrativas locales.

De comprobarse institucionalmente cualquier tipo de tráfico de influencias, favoritismo o presión indebida sobre gobiernos municipales, las consecuencias políticas y jurídicas podrían ser graves. Más aún en un contexto nacional donde la relación entre poder político, contratistas y redes de corrupción se encuentra bajo constante escrutinio público y mediático.

Otro frente que parece deteriorarse es la relación con el alcalde de Córdoba, Manuel Alonso Cerezo. Versiones políticas locales apuntan a un creciente distanciamiento entre ambos personajes, derivado de desacuerdos sobre el control político del ayuntamiento y el reparto de posiciones de influencia dentro del gobierno municipal.

Especialmente incómodo habría resultado para el grupo de Zenyazen el hecho de que la elección municipal no alcanzara las cifras de movilización prometidas durante la campaña. Los supuestos “40 mil votos” ofrecidos políticamente quedaron muy lejos de los resultados reales obtenidos por Morena y su aliado PVEM, generando dudas internas sobre la verdadera capacidad operativa del legislador en Córdoba.

No obstante, el diputado sí logró mantener presencia política dentro del cabildo mediante perfiles afines incrustados en posiciones estratégicas como a la Síndica Irene Sedas, y a otras dos regidoras de todos conocidas, situación que, según versiones locales, ha derivado en tensiones constantes alrededor de la aprobación de sesiones, acuerdos administrativos y estados financieros del ayuntamiento.

Lo más revelador del momento político que atraviesa Escobar García quizá no sea el escándalo mediático, ni las disputas municipales, sino el silencio de su propio grupo político. En los días recientes prácticamente ningún integrante relevante de la bancada veracruzana de diputados federales, ni operadores cercanos al antiguo círculo cuitlahuista, ha salido públicamente a defenderlo con firmeza.

En política, los silencios suelen ser más contundentes que los discursos.

Y cuando un actor comienza a quedarse solo dentro del poder, normalmente significa que los acuerdos empiezan a agotarse, que las lealtades se debilitan o que algunos ya comenzaron a calcular escenarios rumbo al futuro.

Porque en Veracruz, como en todo México, la política no perdona los excesos, pero mucho menos perdona a quienes dejan de ser útiles.