ORFIS: ¿auditor o pieza del tablero político?
INDICADORES POLÍTICOS
ORFIS: ¿auditor o pieza del tablero político?
Por Ulín de la Cruz
Hay nombramientos que duran siete años, pero sus consecuencias pueden durar mucho más. El que está por resolver el Congreso de Veracruz para la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el ORFIS, pertenece precisamente a esa categoría. No se está escogiendo simplemente al funcionario que revisará cuentas públicas: se está definiendo quién tendrá en sus manos una de las herramientas institucionales más delicadas para revisar el ejercicio de los recursos públicos en Veracruz.
Y por eso la pregunta resulta inevitable: ¿el próximo titular del ORFIS llegará al cargo por la fuerza de su trayectoria profesional o por la fuerza de sus relaciones políticas?
La respuesta, por ahora, solamente la conocen quienes participan en las negociaciones. Lo que sí está a la vista es un proceso que ha despertado expectativas, cuestionamientos y señalamientos sobre una eventual preferencia política. Desde la Comisión de Vigilancia, sin embargo, se ha rechazado que existan “dados cargados” y se ha señalado que la decisión deberá surgir de la evaluación de los aspirantes.
Ahí está precisamente el desafío.
EL ORFIS NO ES UN PREMIO
En política existe una costumbre peligrosa: convertir los cargos institucionales en extensiones naturales de los acuerdos partidistas.
El ORFIS no debería funcionar bajo esa lógica.
Su razón de ser es fiscalizar a quienes manejan recursos públicos. Eso significa que, llegado el momento, deberá revisar cuentas de ayuntamientos, organismos y dependencias; detectar irregularidades cuando existan y sostener técnicamente sus determinaciones aunque éstas resulten incómodas para funcionarios de cualquier partido.
Por eso el perfil importa.
No basta con tener un currículum extenso, haber ocupado cargos públicos o conocer los pasillos del gobierno. La pregunta verdaderamente relevante es si la persona que llegue tendrá independencia técnica y política suficiente para auditar al poder, incluso cuando el poder tenga nombre, apellido y grupo político.
Y aquí aparece un asunto que no debería pasar inadvertido.
Si bien es cierto que entre los prospectos existen perfiles con una marcada cercanía al poder político y, en algunos casos, una evidente afinidad con la ideología del partido gobernante, eso no debería convertirse en el criterio determinante para ocupar una institución cuya razón de ser es precisamente fiscalizar al poder.
El ORFIS fue concebido bajo la premisa de fortalecer y ciudadanizar la fiscalización, buscando mayores márgenes de independencia frente a los intereses políticos. Por eso, el próximo auditor no debería llegar para simular autonomía, cumplir una formalidad o convertirse en una pieza más del tablero político.
Mucho menos debería ser utilizado como instrumento para profundizar el deterioro de la confianza en un órgano cuya credibilidad ya enfrenta suficientes cuestionamientos.
El ORFIS necesita recuperar autoridad, no solamente estrenar titular.
CONOCER EL SISTEMA NO SIGNIFICA PODER FISCALIZARLO
Porque una cosa es que un aspirante haya trabajado en el gobierno y conozca desde dentro el funcionamiento de la administración pública, y otra muy distinta es que llegue al cargo con compromisos políticos que condicionen su actuación.
La experiencia puede ser una virtud; la subordinación, cualquiera que sea su origen, sería un problema institucional.
Quien fiscaliza al poder debe conservar la capacidad de incomodarlo.
De lo contrario, el problema deja de ser quién ocupa la oficina y comienza a ser para qué sirve la institución.
Otro argumento que suele aparecer en estos procesos es que quien conoce desde dentro la administración pública puede entender mejor la maquinaria financiera, presupuestal y administrativa.
Es cierto.
Pero conocer el sistema no es lo mismo que estar dispuesto a cuestionarlo.
El próximo titular del ORFIS enfrentará justamente ese dilema: aprovechar el conocimiento acumulado de la administración pública sin convertirse en rehén de las relaciones construidas dentro de ella.
Por eso las comparecencias debieron servir para algo más que responder preguntas técnicas.
Debieron permitir conocer cómo piensa cada aspirante frente a los casos difíciles: ¿qué haría ante una irregularidad cometida por un gobierno aliado?, ¿qué haría frente a un municipio políticamente poderoso?, ¿cómo actuaría cuando una auditoría pudiera generar consecuencias políticas?, ¿qué tan dispuesto estaría a transparentar sus propios criterios de actuación?
Porque cualquiera puede hablar de transparencia.
La verdadera prueba comienza cuando transparentar cuesta.
EL RETO DE FISCALIZAR EN TIEMPO REAL
Durante las entrevistas también apareció una coincidencia relevante entre varios aspirantes: la necesidad de modernizar al ORFIS mediante herramientas digitales y avanzar hacia esquemas de fiscalización en tiempo real.
Eso sí sería un cambio de fondo.
Porque fiscalizar cuando el daño ya ocurrió tiene un valor limitado frente a la posibilidad de detectarlo oportunamente.
Pero incluso la mejor tecnología necesita algo que ningún software puede proporcionar: voluntad institucional para utilizarla sin excepciones políticas.
De nada serviría tener auditorías digitales, sistemas inteligentes y procesos en tiempo real si las decisiones finales terminan condicionadas por acuerdos fuera de los expedientes.
La modernización tecnológica debe ir acompañada de una modernización institucional.
Y ésta comienza por la independencia.
LA TERNA SERÁ EL VERDADERO FILTRO
La Comisión de Vigilancia deberá definir la terna que llegará al Pleno, y posteriormente el Congreso tendrá la responsabilidad de elegir a quien ocupará el cargo durante siete años.
Ahí estará la verdadera prueba para el Poder Legislativo.
No solamente deberá explicar a quién eligió.
Deberá explicar por qué.
Y esa diferencia es enorme.
Si la terna está integrada por perfiles sólidos, con experiencia comprobable, preparación técnica y capacidad de independencia, el Congreso tendrá elementos para defender su decisión ante la sociedad.
Pero si la percepción pública termina siendo que el ganador estaba definido antes de que concluyeran las entrevistas, el problema no será solamente de imagen.
Será institucional.
Porque un auditor cuya independencia se pone en duda desde el primer día comienza a trabajar con una desventaja que ningún reglamento puede corregir.
En política, los acuerdos son parte de la realidad.
En los órganos de fiscalización, sin embargo, hay una frontera que no debería cruzarse.
El ORFIS no puede convertirse en una oficina para administrar equilibrios políticos ni en una institución diseñada para guardar silencios convenientes.
Su responsabilidad es otra.
Debe revisar, cuestionar, señalar y, cuando corresponda, fincar responsabilidades, sin preguntar primero quién gobierna, quién recomienda o quién podría molestarse.
Porque la verdadera autonomía no se demuestra cuando se audita al adversario.
Se demuestra cuando se tiene la misma firmeza para fiscalizar al aliado.
Y ése será, finalmente, el verdadero examen del próximo titular del ORFIS.
No su fotografía de toma de protesta.
No su currículum.
No las relaciones que lo llevaron hasta el cargo.
Sino el día en que tenga que decidir entre la comodidad política y la responsabilidad institucional.
Porque el ORFIS puede tener jefe.
Lo que no puede tener es dueño.
