El Baldón: El éxito y el fracaso de las Afores.
José Miguel Cobián
La discusión por el sistema de pensiones en México no existe, salvo cuando la CNTE y algunos otros grandes beneficiarios, deciden que ellos deben de ser privilegiados, y que el resto de los mexicanos debemos pagar unas pensiones imposibles de financiar.
En México, el sistema de pensiones conocido popularmente como la ley 73 del IMSS, proponía un sistema donde los más jóvenes, al estar trabajando, financiaran la pensión de los viejos que se fueran jubilando. Se le llama solidario, porque los mismos trabajadores solidariamente pagaban las pensiones de los viejos. El problema de este sistema es que exigía que el número de jóvenes trabajando fuera muy superior al número de jubilados, y que la esperanza de vida del mexicano al llegar a los 60 años. En 1973 la esperanza de vida de una persona de esa edad era llegar a los 73 años, hoy su esperanza de vida es llegar a los 84 años. Ese aumento de 11 años recibiendo pensiones, genera una enorme presión financiera al sistema, y obliga a replantearlo.
En los años 70´s, había alrededor de 13 personas cotizando en el IMSS, hoy el promedio es menos de 3 personas cotizando por cada jubilado. Insostenibe mantener el sistema solidario de pensiones, incluso con pensiones pequeñas. De ahí que se decidió modificarlo con cuentas individuales, dónde cada mexicano que trabaja, aportaría una parte de su salario, otra parte de a aportación vendría del gobierno federal y la mayor parte de la aportación vendría del patrón, elevando la aportación total a aproximadamente un 15% del salario mensual del trabajador. A cambio de encarecer para el patrón en un 13% adicional, el costo de mano de obra.
En primera instancia suena bien la creación de cuentas individuales, sin embargo cuando se realizó el cambio de sistema de pensiones, las aportaciones eran bajísimas. Quién esto escribe acudió a a cámara de diputados, ante la comisión correspondiente a explicar que los calculos actuariales demostraban que no habría un retiro digno, con esas aportaciones. Como siempre, el gobierno no escuchó y la tragedia hoy se ve reflejada en aquéllos que inician su período de pensión, con ingresos raquíticos, por debajo de la línea de subsistencia.
Pensando en un retiro digno, que sabemos es prácticamente imposible para el 55% de la población trabajadora que se ubica en la economía informal, y que también esta fuera del alcance del 90% de los trabajadores en la economía formal, pero con fines de análisis, determiné una pensión equivalente a poder adquisitivo de un salario de $60,000.00 mensuales libre de impuestos al día de hoy. ¿Cuánto debería aportarse para obtener ese ingreso al jubilarse, durante un período de 30 años de trabajo continuo, en el intervalo entre los 25 y lo 65 años, que son los años de edad más productiva, una vez terminada la educación superior?
Actualmente, el trabajador aporta una tasa fija del 1.125 por ciento de su Salario Base de Cotización, mientras que el gobierno federal aporta una cuota social focalizada en los salarios más bajos. La carga principal recae en el patrón, cuya aportación reglamentaria se mantiene en un esquema de incremento gradual que inició en 2023 y concluirá en 2030, moviéndose desde un 5.15 por ciento hasta un techo del 13.87 por ciento del salario base, dependiendo del nivel de ingreso del empleado. El objetivo técnico de esta transición es que la aportación total obligatoria alcance el quince por ciento del Salario Base de Cotización en el año 2030, buscando elevar las deprimentes tasas de reemplazo que caracterizaron las primeras dos décadas del modelo de las Afores.
Desde 1997 a la fecha, las Afores han entregado un Indicador de Rendimiento Neto con un promedio histórico nominal del diez punto cuatro por ciento anual promedio. Al restar el impacto inflacionario para medir el crecimiento real del poder adquisitivo, el rendimiento neto real del sistema se ubica sólidamente en un cinco por ciento anual.
Para gestionar estos recursos con criterio científico, el sistema evolucionó hacia el modelo de Siefores Generacionales, que sustituyó al anterior esquema de fondos basados puramente en la edad del trabajador. Bajo este mecanismo, los recursos de cada ahorrador se asignan a una Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore) asociada específicamente a su año de nacimiento, permaneciendo en ese mismo fondo durante toda su trayectoria laboral. La estrategia de inversión se vuelve dinámica y se ajusta a lo largo del tiempo: cuando el trabajador es joven, el fondo adopta una postura de mayor riesgo, invirtiendo agresivamente en renta variable internacional y proyectos de largo plazo para maximizar las ganancias; conforme el grupo generacional envejece y se aproxima a la jubilación, el portafolio migra de forma automatizada hacia instrumentos de deuda gubernamental de alta liquidez y mínimo riesgo para blindar el capital acumulado.
Así, la premisa es obtener rendimientos del 5% real durante los años de cotización, y un 3% anual real, por un portafolio más conservador, durante los 20 años de jubilación. El capital acumulado en 30 años de trabajo de este supuesto obliga a que el último día de trabajo, se tenga acumulado un fondo por trabajador de diez millones ochocientos veintitrés mil quinientos cincuenta pesos, 180.4 veces el salario mensual, del cual una parte son aportaciones y otra parte muy importante son las ganancias por la inversión de dichos recursos. Lo que obliga a una inversión mensual de trece mil doscientos diecisiete pesos. Equivalente al 22% del salario mensual.
A partir de lo anterior, podemos concluir que incluso el 15% de aportación al que busca legar la nueva legislación, es insuficiente para garantizar un salario equivalente al último, en los 20 años posteriores a la fecha de jubilación.
Este escenario demuestra de forma contundente que el ahorro voluntario sistemático y los mecanismos de subsidio estatal complementarios, como el Fondo de Pensiones para el Bienestar, no constituyen alternativas accesorias, sino requisitos actuariales estrictos si se pretende garantizar la dignidad financiera de las próximas generaciones de trabajadores en el país. El grave problema es que prácticamente nadie en México realiza aportaciones adicionales a su fondo para el retiro.
Las afores han sido un éxito desde el punto de vista de incrementar el ahorro nacional, y otorgar cierto grado de certeza a un porcentaje menor a 50% de la población para cuando llegue su retiro, pero mientras la economía informal no se reduzca, más de la mitad de la población está condenada a la pobreza más absoluta una vez que llegue su fecha de jubilación, o a trabajar hasta el último día de su vida.
Un gobierno que no combate la economía informal causa un daño enorme a una población ignorante de lo que le depara el futuro.
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