Sheinbaum evade fondo de acusaciones contra Adán Augusto; pide que él mismo “aclare” presuntos ingresos millonarios
Ciudad de México, 26 de septiembre de 2025. (TR).– Las acusaciones en torno al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, alcanzan un nuevo nivel de tensión. De acuerdo con versiones públicas, el exsecretario de Gobernación habría recibido más de 79 millones de pesos provenientes de diversas empresas —algunas catalogadas como “fantasma” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)— sin haberlas declarado en su patrimonio oficial.
Consultada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por una respuesta breve y sin comprometerse a fondo: “que aclare el senador”. No hubo posicionamiento sobre la gravedad de las imputaciones ni sobre la posible responsabilidad política que esto implica dentro del partido en el poder.
La evasiva presidencial contrasta con la magnitud del señalamiento: de confirmarse, no solo se trataría de un ocultamiento patrimonial, sino de posibles vínculos con esquemas de desvío a través de empresas fantasma, un mecanismo identificado por las autoridades fiscales como uno de los principales focos de corrupción en el país.
Aunado a ello, circulan versiones sobre un creciente malestar en la bancada de Morena en el Senado contra su coordinador. No obstante, Sheinbaum desestimó de manera tajante: “Es pura politiquería. No conozco a ningún senador que tenga quejas”. La declaración cierra filas en apariencia, pero deja sin atender el trasfondo de las inconformidades internas.
En paralelo, sobre el caso del exregidor de Xalapa, Silem García, señalado en Estados Unidos por su presunta participación en actos ilegales vinculados con la Iglesia La Luz del Mundo, Sheinbaum se deslindó, indicando que corresponde a las fiscalías mexicanas determinar si enfrenta procesos en el país. Recordó únicamente la desactivación de un campo de entrenamiento de esa organización, donde fueron detenidas 38 personas, pero reconoció que no se cuenta con información adicional.
Las dos respuestas revelan un patrón: ante cuestionamientos sobre posibles redes de corrupción o colusión, la presidencia se limita a trasladar la responsabilidad a otros actores —senadores, fiscalías, instancias externas— evitando asumir un posicionamiento político de mayor alcance.