Prisión preventiva contra Javier Duarte por presunto peculado de 5 mdp: impacto político y social en Veracruz
La medida cautelar revive en Veracruz el debate sobre corrupción, uso indebido de recursos públicos y justicia para sectores vulnerables.
Ciudad de México. Un juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Norte dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado relacionado con el desvío de 5 millones de pesos destinados a personas con discapacidad durante su administración estatal.
La audiencia se desarrolló este jueves en la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de la República presentó una nueva imputación que señala que los recursos federales habrían sido sustraídos de programas sociales etiquetados para apoyo a sectores vulnerables.
El juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, resolvió imponer la medida cautelar mientras continúa el proceso penal y fijó el 17 de febrero como fecha para determinar si Duarte será vinculado a proceso por este nuevo cargo.
Relevancia local: el eco en Veracruz
La resolución judicial reaviva el debate en Veracruz sobre el uso de recursos públicos durante el sexenio duartista, especialmente aquellos destinados a programas sociales. Organizaciones civiles y colectivos de personas con discapacidad han insistido en que el caso no solo implica una investigación financiera, sino también un tema de justicia social, al tratarse de fondos diseñados para sectores históricamente marginados.
Analistas políticos locales consideran que esta nueva imputación refuerza la narrativa de combate a la corrupción y mantiene vigente la discusión pública sobre la rendición de cuentas de exfuncionarios estatales. Además, el caso podría influir en el clima político previo a procesos electorales locales, al volver a colocar en la agenda mediática las secuelas del endeudamiento y los desvíos señalados en administraciones pasadas.
Qué sigue en el proceso
De confirmarse la vinculación a proceso en la audiencia programada, el exmandatario enfrentaría una nueva etapa judicial que podría ampliar su situación legal. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para acreditar el uso indebido de recursos federales con fines distintos a los establecidos.
En tanto, el tema vuelve a generar reacciones entre ciudadanos veracruzanos, quienes reclaman claridad sobre el destino de los recursos públicos y sanciones ejemplares en casos de corrupción que impactaron directamente en programas sociales prioritarios.