INDICADORES POLÍTICOS

Ulin de la Cruz

¿Porque fracaso la Reforma Electoral?

Y porque quiere AMLO a través de Claudia Sheinbaum Pardo, Imponer un Plan B perverso que afecte a Congresos Locales, Estados y municipios

En la historia política de México, las reformas electorales han sido momentos decisivos para redefinir las reglas del juego democrático. Hoy, el llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum vuelve a colocar sobre la mesa una discusión fundamental: ¿se trata de una medida para profundizar la democracia o de una transformación que podría debilitar las instituciones que la sostienen?

La pregunta no es menor. También obliga a reflexionar sobre el lugar que ocupan el pacto federal, la autonomía y la soberanía de los estados, los congresos locales y los municipios. ¿Hacia dónde apuntan realmente los dardos de esta reforma? Resulta paradójico que, mientras el gobierno federal reivindica la soberanía nacional y la autodeterminación frente a actores externos como Donald Trump, esa misma lógica de respeto y diálogo no siempre parece aplicarse frente a la oposición política dentro del propio país.

El debate no es menor. Durante décadas, el sistema electoral mexicano se construyó para garantizar autonomía frente al poder político. Instituciones como el Instituto Nacional Electoral surgieron precisamente para evitar que el gobierno en turno pudiera influir directamente en la organización de las elecciones.

Sin embargo, la Reforma Electoral propuso modificar aspectos clave del funcionamiento administrativo, presupuestal y operativo del organismo electoral, pero también de la composición del Congreso de la Unión, con la disminución de diputados y senadores plurinominales, bajo reglas no tan claras para su composición y por ello, ni sus aliados el PT (Partido del Trabajo) ni el PVEM (Partido Verde), estuvieron de acuerdo en votar por esta Reforma, porque en ello, llegaba la muy posible extinción política-organización en el futuro inmediato.

Quienes defendían la reforma argumentaban que el sistema actual es costoso, burocrático y sobredimensionado. Desde esta perspectiva, reducir estructuras administrativas y simplificar procesos permitiría hacer más eficiente el aparato electoral. En un país con profundas desigualdades sociales, sostenían, que resultaba legítimo cuestionar si el modelo electoral con el que llegaron al poder, podía seguir siendo realmente necesario.

Más preocupante aún es el contexto político en el que surge el Plan B de la reforma no aprobada.

En una democracia, las reglas electorales deberían construirse a partir de consensos amplios y no de mayorías legislativas momentáneas. Cuando una fuerza política modifica el sistema electoral sin el acuerdo de la oposición, inevitablemente surge la sospecha de que se busca inclinar el terreno de juego.

México ha aprendido, muchas veces de manera dolorosa, que la confianza en las elecciones es uno de los pilares fundamentales de la estabilidad democrática. Debilitar esa confianza —aunque sea de forma indirecta— puede tener consecuencias profundas. La legitimidad de un gobierno no depende únicamente de ganar elecciones, sino de que la ciudadanía confíe en que esas elecciones fueron libres, equitativas y transparentes.

El desafío, entonces, no es simplemente reformar el sistema electoral, sino hacerlo sin erosionar las instituciones que garantizan la competencia democrática. Las reformas son necesarias en cualquier sistema político, pero deben fortalecer —no debilitar— las bases de la democracia.

El Plan B, en ese sentido, abre una pregunta que aún está lejos de resolverse: ¿estamos frente a una modernización necesaria del sistema político mexicano o ante un cambio impulsado desde la Presidencia y el ala más radical de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que podría alterar el delicado equilibrio institucional construido en las últimas décadas, ¿particularmente desde la alternancia política que vivió el país en el año 2000?

La respuesta no depende únicamente del contenido de las iniciativas o decretos que buscan implementar el Plan B, sino también de la capacidad de la sociedad mexicana para debatirlos con profundidad, exigir transparencia y defender los principios democráticos que tanto ha costado consolidar, cosa que no sucede en este país, a partir de la institucionalización de las Consultadas Populares, que solo el Gobierno y los suyos hacen operar.

Intentar modificar las estructuras y la composición de los congresos locales y de los municipios no es una facultad exclusiva de la Presidencia de la República ni de su partido. En el fondo, la verdadera intención del Plan B parece orientarse también a reducir recursos a los estados y municipios bajo el argumento de la austeridad y el ahorro, con la promesa de redirigir esos recursos directamente al pueblo mediante programas sociales. Sin embargo, para muchos críticos, estos recursos terminan fortaleciendo las bases políticas y estructuras partidistas del partido gobernante, que si afectan el equilibrio político-electoral que debe prevalecer en una democracia participativa.

Ante ello; No debe olvidarse que la finalidad última del Estado es facilitar el desarrollo y el crecimiento de la nación: garantizar la seguridad pública, la paz social, construir infraestructura y establecer reglas claras que fomenten la inversión, el crecimiento económico, la educación y el bienestar de los ciudadanos.

Además, para llevar a cabo cambios de fondo como los planteados en el Plan B de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum no puede pasar por alto que las iniciativas propuestas que han filtrado o hecho públicas, necesariamente implicarían reformas constitucionales a artículos constitucionales clave como el 115, el 116 y el 124, los cuales establecen la autonomía municipal, la soberanía de los estados y las facultades que no están expresamente concedidas a la federación.

Así de simple: cualquier reforma que pretenda alterar el equilibrio del federalismo mexicano debe debatirse con responsabilidad, respeto institucional y visión de Estado. Porque cuando se modifican las reglas de la democracia, lo que está en juego no es sólo una elección, sino la estabilidad política de toda una nación, en su futuro inmediato.