Lo que no se ha dicho del derrame de petroleo en costas del Golfo
INDICADORES POLÍTICOS
Ulín de la Cruz
Lo que no se ha dicho del derrame de petroleo en costas del Golfo
Hay silencios que pesan más que cualquier declaración oficial. El reciente derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, con impacto directo en las costas veracruzanas, es uno de ellos. No por falta de información, sino por el exceso de versiones cuidadosamente alineadas que buscan diluir la magnitud de un desastre que, para quienes viven del mar, resulta imposible de ocultar.
Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre el derrame, descartando inicialmente la responsabilidad de Petróleos Mexicanos y sugiriendo otras causas: desde emanaciones naturales —las llamadas “chapopoteras”— hasta la posible participación de una embarcación privada. En paralelo, desde el ámbito local, figuras como Rocío Nahle han sostenido líneas discursivas similares. El resultado: una coreografía política donde las versiones coinciden demasiado pronto, mientras las preguntas fundamentales siguen sin respuesta.
Mientras las autoridades federales y locales repiten que la situación está “controlada”, en las playas el olor a combustible persiste y en el agua flotan manchas que no entienden de comunicados. La narrativa institucional parece avanzar en un nado sincronizado donde cada declaración embona perfectamente con la anterior, aunque la realidad —como el petróleo— se filtre por todas partes.
Pero más allá del discurso, hay algo todavía más grave: lo que las propias leyes obligan a hacer y no se está viendo. Porque incluso si la responsabilidad directa no fuera de Petróleos Mexicanos, el Gobierno del Estado no puede colocarse al margen. A través del Sistema Nacional de Protección Civil, las autoridades estatales tienen la obligación de activar protocolos de emergencia, evaluar riesgos a la salud y proteger a la población costera. No es opcional, es mandato; particularmente en tiempos de Temporada Alta como lo son «Vacaciones de Semana Santa»
En materia ambiental, la coordinación con instancias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente no sustituye la responsabilidad estatal: la complementa. El estado debe generar sus propios monitoreos, sus propios diagnósticos, sus propios datos. Cuando no lo hace, no solo depende de otros; renuncia a su capacidad de defender su territorio.
Y luego está el mar, que no espera. La intervención de la Secretaría de Marina puede contener una parte del daño, pero no resuelve la afectación cotidiana de quienes viven de él. Para los pescadores de Veracruz, el impacto no es una cifra: es la red vacía, el ingreso perdido, la deuda que crece. Ahí también hay responsabilidad estatal: diseñar apoyos emergentes, activar mecanismos de compensación, sostener a las comunidades mientras el ecosistema se recupera.
El daño ambiental es el primer gran ausente en el discurso oficial. No basta con decir que “se están realizando labores de contención”. ¿Quién está midiendo el impacto en los ecosistemas marinos? ¿Qué pasa con las especies que no aparecen en fotografías ni reportes? Manglares, peces, aves y microorganismos forman parte de una cadena que, al romperse, no se repara con promesas. El Golfo no olvida rápido, y la naturaleza tampoco negocia con boletines de prensa.
Pero hay otro daño, igual de grave y mucho más inmediato: el económico. Para los pescadores de Veracruz, el mar no es un paisaje, es sustento. Cada día sin poder salir a pescar —o peor aún, cada jornada en la que regresan con redes contaminadas— representa ingresos perdidos, deudas acumuladas y una incertidumbre que crece. Sin embargo, sus voces rara vez aparecen en las conferencias. No hay cifras claras sobre indemnizaciones, ni planes concretos de apoyo. Solo declaraciones que, como las olas, vienen y van sin dejar nada firme.
La desconexión entre el discurso oficial y la experiencia de las comunidades costeras es, quizá, lo más preocupante. Porque no se trata solo de minimizar un derrame, sino de normalizar la opacidad. Cuando diferentes niveles de gobierno coinciden demasiado en una versión —exculpando de entrada a actores clave o dispersando responsabilidades— la sospecha no es un exceso: es una reacción lógica.
Lo que no se ha dicho es que este tipo de eventos no son aislados ni inevitables. Son el resultado de decisiones, de supervisiones insuficientes, de prioridades mal colocadas. Y lo que tampoco se dice es que, sin transparencia, no hay aprendizaje posible. Se repite el patrón: ocurre el desastre, se controla la narrativa, se diluye la responsabilidad.
En Veracruz, la memoria colectiva está hecha de mareas. La gente sabe cuándo algo no está bien, aunque le digan lo contrario. Por eso, más que informes optimistas, lo que se necesita es verdad: sobre la magnitud del derrame, sobre sus consecuencias reales, sobre las omisiones institucionales y, sobre todo, sobre quién debe responder.
Porque el petróleo puede disiparse con el tiempo. La desconfianza, no.