La ONU pone en jaque a México por crisis de desapariciones
Señalamientos globales evidencian debilidad institucional y distanciamiento con las víctimas
Indicadores Políticos
Por Ulín de la Cruz
Acabamos de transitar una semana particularmente compleja para el Gobierno federal y sus aliados de la llamada Cuarta Transformación. Los señalamientos provenientes Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), colocan a México en una posición incómoda frente a la comunidad internacional, al evidenciar inconsistencias, omisiones y decisiones cuestionables en torno a uno de los temas más sensibles de la agenda pública: las desapariciones.
Más allá de la narrativa oficial, los indicadores expuestos resultan contundentes. La crisis de personas desaparecidas no es nueva ni atribuible exclusivamente a los gobiernos emanados de Movimiento Regeneración Nacional, pero sí es innegable que, en los últimos años, el fenómeno ha sido rebasado por la capacidad institucional. El crimen organizado se ha consolidado como uno de los principales factores detrás de estas cifras, profundizando una herida social que parece no encontrar cauce de solución.
El problema no radica únicamente en el origen del fenómeno, ya que viene de más alla de los Gobiernos de MORENA, sino en la forma en que el Estado ha decidido enfrentarlo. La administración federal, hoy bajo la conducción de Claudia Sheinbaum, enfrenta el reto no sólo de reconocer la dimensión real del problema, sino de articular una política pública eficaz, sensible y, sobre todo, incluyente. Porque si algo ha quedado claro es que la respuesta institucional ha sido insuficiente y, en ocasiones, distante de las víctimas.
En el ámbito estatal, el panorama tampoco es alentador. Entidades como Veracruz se han convertido en símbolos dolorosos de esta crisis, al concentrar un número significativo de fosas clandestinas. La falta de sensibilidad y de mecanismos efectivos de atención a las familias afectadas agrava aún más la percepción de abandono y desconfianza hacia las autoridades.
Esta coyuntura obliga a una reflexión profunda. No se trata únicamente de cifras o estadísticas que puedan ajustarse desde la conveniencia política; se trata de vidas humanas, de familias fracturadas y de comunidades marcadas por la incertidumbre. En este contexto, resulta imprescindible que el Estado reconsidere su relación con las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales han asumido, con recursos limitados, tareas que deberían corresponder a las instituciones.
El distanciamiento entre gobierno y sociedad organizada, motivado en buena medida por diferencias ideológicas, constituye un obstáculo serio para la construcción de soluciones integrales. La convergencia de esfuerzos no debería condicionarse a afinidades políticas, sino orientarse a la atención de una problemática que trasciende cualquier proyecto de gobierno.
Las desapariciones no pueden ni deben ser invisibilizadas. Son una realidad que exige verdad, justicia y reparación. Pero también demandan una estrategia de seguridad nacional que ataque las causas estructurales del problema, fortalezca las capacidades institucionales y coloque a las víctimas en el centro de la acción pública.
El desafío es mayúsculo. La pregunta es si habrá voluntad política suficiente para enfrentarlo con la seriedad y la sensibilidad que exige la historia reciente del país.