La alarma que nunca se había encendido: desapariciones en México bajo la lupa internacional

Por primera vez desde su creación, la Organización de las Naciones Unidas activó su mecanismo más alto de alerta internacional en materia de desapariciones forzadas. El hecho no es menor: durante 16 años, este instrumento permaneció sin utilizarse. Su activación exige algo más que cifras alarmantes; requiere la identificación de un patrón sistemático y generalizado. Esta vez, ese patrón apunta a un solo país: México.

Las cifras son contundentes. Más de 132 mil personas desaparecidas, alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar en morgues, y al menos 5 mil fosas clandestinas registradas. A ello se suma un índice de condenas que apenas alcanza el 0.56%. No se trata únicamente de una crisis de seguridad, sino de una tragedia humanitaria que ha desbordado las capacidades institucionales del Estado.

De acuerdo con expertos internacionales, el criterio clave para activar esta alerta no fue la magnitud aislada de los casos, sino la evidencia de un patrón sostenido: desapariciones que ocurren de manera sistemática, en distintos territorios, con características recurrentes y, sobre todo, con un elemento determinante en el derecho internacional: la aquiescencia del Estado. Esto implica no necesariamente la autoría directa, sino la tolerancia, omisión o incapacidad deliberada para prevenir y sancionar estos crímenes.

Este señalamiento se sustenta en principios establecidos por el Estatuto de Roma, que define los crímenes de lesa humanidad no por quién ejecuta la violencia, sino por el contexto en el que ocurre y la respuesta —o falta de ella— por parte del Estado. En ese marco, el argumento gubernamental de atribuir la responsabilidad exclusivamente al crimen organizado resulta insuficiente ante los estándares internacionales.

La reacción oficial no se hizo esperar. Desde el gobierno se calificó el informe como “tendencioso” y se desvió la responsabilidad hacia administraciones anteriores. Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles han señalado que, más allá del debate político, el problema central radica en el debilitamiento de las herramientas institucionales creadas para enfrentar la crisis.

Durante el actual sexenio, instancias clave como el Mecanismo Forense, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Centro Nacional de Identificación Humana han sido desarticuladas o han quedado inoperantes antes de consolidarse. Estas estructuras representaban, para miles de familias, la esperanza de encontrar e identificar a sus seres queridos.

Mientras tanto, la búsqueda continúa fuera de las instituciones. Colectivos de familiares recorren campos, desiertos y fosas clandestinas con recursos limitados, realizando una labor que, en estricto sentido, corresponde al Estado. Son más de 132 mil historias suspendidas, más de 132 mil ausencias que no se resuelven con declaraciones ni disputas discursivas.

La activación de este mecanismo por parte de la ONU no es solo un señalamiento internacional; es también un punto de inflexión. Coloca a México en el centro de una discusión global sobre derechos humanos y obliga a replantear la respuesta institucional frente a una crisis que ya no puede ser negada ni minimizada.

Para las familias, sin embargo, la discusión es más concreta. No se trata de reputación internacional ni de narrativas políticas. Se trata de encontrar a quienes faltan. Y de que el Estado cumpla, finalmente, con la promesa más básica que hizo: buscarlos.