Impedimentos políticos y constitucionales que frenan la aspiración de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre a la Fiscalía de Veracruz
CON LOS NIVELES DE POPULARIDAD Y ACEPTACIÓN, SE ARRIESGARA LA GOBERNADORA ROCIO NAHLE, A IMPONER A LA AUN MAGISTRADA LISBETH AURELIA JIMÉNEZ AGUIRRE
Xalapa, Ver. — La eventual postulación de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) desató una fuerte discusión jurídica y política en Veracruz. Aunque actualmente ocupa la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJEV), analistas y legisladores han señalado una serie de impedimentos constitucionales, institucionales e incluso de carácter político que, en conjunto, ponen en entredicho su elegibilidad para encabezar la procuración de justicia en el estado.
A continuación, se presenta un recuento de los principales obstáculos que rodean su posible aspiración.
- Impedimentos legales, constitucionales y administrativos
- Falta de solicitud de licencia en tiempo y forma
Uno de los señalamientos más recurrentes es que la magistrada no solicitó licencia para separarse de su encargo con la anticipación requerida por la normatividad.
La legislación local establece que quien aspire a la Fiscalía debe estar libre de cualquier cargo público durante el proceso de selección; sin embargo, Jiménez Aguirre continuó fungiendo como Presidenta del Poder Judicial mientras avanzaban los tiempos legislativos, lo que representa una incompatibilidad inmediata.
Riesgo de violación a la autonomía y división de poderes
El posible salto de la Magistrada del TSJEV —miembro y autoridad del poder que juzga— a la Fiscalía —máxima autoridad del poder que acusa— ha sido interpretado como un choque frontal con el principio de división de poderes.
Especialistas señalan que esta transición directa provoca un conflicto de interés estructural, pues fractura la autonomía necesaria entre ambos órganos constitucionales.
El requisito constitucional de “buena reputación”
La Constitución local exige que quien encabece la Fiscalía cuente con «buena reputación», un concepto jurídico que suele evaluarse con base en antecedentes administrativos, señalamientos públicos y resoluciones judiciales.
En el caso de la magistrada, pesan diversos factores que complican el cumplimiento de este requisito:
- Solicitudes de juicio político en su contra.
- Cuestionamientos derivados de resoluciones federales que la vinculan con posibles consignas políticas, especialmente en el caso de la jueza Angélica Sánchez.
- Acusaciones mediáticas sobre un presunto uso faccioso del Poder Judicial.
Estos elementos, combinados, debilitan su imagen de integridad institucional y abren la discusión sobre su idoneidad.
Sanciones, multas y apercibimientos federales
Registros del Poder Judicial de la Federación refieren multas y apercibimientos contra la magistrada por supuestos desacatos en materia de amparo.
Aunque no constituyen delitos, son antecedentes administrativos sensibles que suelen pesar en procesos de selección para cargos vinculados a la legalidad y el respeto a resoluciones judiciales.
Las relaciones políticas que complican todavía más su aspiración
Más allá de los impedimentos legales, la figura de Lisbeth Aurelia Jiménez está atravesada por una intensa lectura política. Su trayectoria reciente ha estado asociada a dos actores clave: Eric Cisneros Burgos y, en segundo plano, Adán Augusto López Hernández.
- Su vínculo político con Eric Cisneros («Bola 8»)
- Padrinazgo político
Diversas fuentes del sector judicial y político atribuyen su ascenso —desde magistrada hasta presidenta del TSJEV— al respaldo directo de Eric Cisneros Burgos, exsecretario de Gobierno y uno de los operadores más influyentes del anterior sexenio.
Se le identifica como una figura impulsada por ese grupo, lo que genera suspicacias sobre la autonomía de su actuación.
Señalamientos de subordinación política
En crónicas y análisis periodísticos se le ha acusado de recibir instrucciones desde la Secretaría de Gobierno, cuando Cisneros estaba al frente. Dichas versiones aseguran que algunas resoluciones relevantes habrían respondido a intereses políticos del grupo en el poder, operando al Poder Judicial como instrumento de presión.
Aunque no hay sanciones formales que lo acrediten, el señalamiento pesa en el plano político y de percepción pública.
El abrazo que marcó una postura
Un episodio ampliamente difundido fue el abrazo público entre la magistrada y Cisneros. Para analistas, este gesto se interpretó como una declaración abierta de lealtad, en un contexto donde la disputa interna de Morena ya delineaba ganadores y perdedores.
Ese abrazo, simbólico pero políticamente cargado, habría terminado por colocarla del lado equivocado de la historia reciente.
- La conexión indirecta con Adán Augusto López
- Alineación con la facción que perdió la interna presidencial
Aunque la relación de la magistrada con el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López no es directa, sí se derivó del apoyo que Cisneros brindó a su proyecto político durante el proceso interno de Morena.
En Veracruz, la estructura de Cisneros operó abiertamente a favor de Adán Augusto, en contraste con la entonces precandidata —y hoy presidenta— Claudia Sheinbaum, respaldada por Rocío Nahle.
Una ubicación política incompatible con el nuevo entorno
Al formar parte de la órbita política de Cisneros, Jiménez Aguirre quedó ubicada en el bloque opuesto al del proyecto que hoy gobierna Veracruz y México.
De ahí que voces del actual grupo gobernante afirmen que su eventual llegada a la Fiscalía implicaría instalar a una fiscal afín al adversario político, un escenario que consideran inaceptable por el impacto que tendría en investigaciones, nombramientos y control institucional.
Un camino legalmente complicado y políticamente inviable
La suma de impedimentos —jurídicos, administrativos y políticos— configura un panorama adverso para la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
Por una parte, enfrenta cuestionamientos sobre requisitos constitucionales básicos, como la separación del cargo, la división de poderes y la buena reputación.
Por otra, carga con una fuerte identificación con facciones políticas que hoy no tienen espacio en la reconfiguración institucional del estado.
En conjunto, estos factores no solo comprometen su elegibilidad legal, sino que vuelven políticamente inviable su eventual designación al frente de la Fiscalía General del Estado.