Fracking: entre la soberanía energética y la coherencia climática
La reciente reacción de la Alianza Mexicana contra el Fracking ante el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum reabre una discusión que México ha preferido mantener en pausa: ¿es compatible la autosuficiencia energética con la transición ecológica real?
El anuncio presidencial —analizar la explotación de recursos no convencionales con tecnologías “menos contaminantes” y bajo consulta comunitaria— busca reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos. En el papel, la idea responde a una lógica de soberanía energética y seguridad nacional. En la práctica, sin embargo, revive el fantasma del fracking que el actual proyecto político prometió dejar atrás.
La crítica de la Alianza no es menor. Sostiene que se intenta maquillar una política energética fósil con un discurso de innovación tecnológica y participación social. La acusación central es política: simular un cambio para justificar una continuidad. Es decir, pasar del “no al fracking” a un “sí, pero más limpio”, que en el fondo mantendría el mismo modelo extractivo.
El debate exige separar la retórica de la evidencia. Durante dos décadas, la explotación de gas no convencional en Estados Unidos ha demostrado ser intensiva en agua, químicos y energía. Conforme declinan los yacimientos, los pozos requieren fracturas cada vez más agresivas —los llamados monster fracks—, lo que incrementa los riesgos ambientales y los costos económicos. Pensar que México podría sortear esos impactos solo con “nuevos químicos” o reciclaje de agua suena, cuando menos, optimista.
Pero tampoco es posible ignorar la dimensión geopolítica: México importa más de 70% del gas que consume. Esa dependencia no solo tiene implicaciones económicas, sino estratégicas. La pregunta de fondo no es si se debe producir gas, sino cómo hacerlo sin hipotecar el futuro ambiental del país ni romper los compromisos climáticos internacionales.
Aquí emerge la contradicción central del gobierno: la transición energética requiere coherencia de largo plazo, no soluciones transitorias que prolonguen la vida de los combustibles fósiles. Si el objetivo es reducir emisiones, apostar por fracking “menos contaminante” puede convertirse en una trampa: invertir en infraestructura fósil que deberá abandonarse antes de amortizarse.
La legitimidad política del debate también es crucial. La promesa de continuar con la prohibición del fracking —impulsada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador— formó parte del contrato político con una ciudadanía cada vez más consciente de la crisis climática. Cambiar de postura exige algo más que un grupo de expertos: requiere transparencia, datos públicos y una consulta social que no sea meramente formal.
El riesgo, como advierten las organizaciones ambientales, es entrar en un camino de no retorno. La historia energética mundial está llena de decisiones que parecían pragmáticas en el corto plazo y resultaron costosas en el largo: infraestructuras obsoletas, pasivos ambientales y comunidades afectadas que terminan pagando la factura.
México se encuentra ante una encrucijada. Apostar por el fracking bajo el argumento de soberanía energética puede resolver urgencias inmediatas, pero comprometer la transición ecológica. Negarlo sin proponer alternativas reales, en cambio, dejaría intacta la dependencia externa.
La solución no está en elegir entre autosuficiencia o sustentabilidad, sino en redefinir el modelo energético: eficiencia, renovables, almacenamiento y redes inteligentes. El verdadero dilema no es técnico, sino político: ¿se quiere acelerar la transición energética o administrarla lentamente mientras se prolonga el reinado del gas?
Porque en energía, como en política, los matices importan. Pero también la coherencia. Y hoy, el país observa si el nuevo gobierno abrirá la puerta al fracking… o si solo la está entreabriendo.