INTERESES DE GRUPO TRAS LA FISCALÍA DE VERACRUZ

INDICADORES POLÍTICOS

Ulín de la Cruz

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La reciente reforma al proceso de designación y al periodo de la supuesta “autónoma” Fiscalía General del Estado de Veracruz destapó, sin pudor, los intereses más oscuros y maquiavélicos que rodean a este organismo. Con una oposición prácticamente inexistente, el verdadero pulso político se libra al interior de Morena: entre quienes hoy detentan el poder y quienes, aunque dicen haber salido del escenario, siguen operando en las sombras e intentando imponer a la próxima o próximo encargado de la procuración de justicia.

Desde la reforma impulsada en tiempos de Javier Duarte, la autonomía de la FGE ha sido una ficción útil. La institución ha cargado con acusaciones históricas de sometimiento político, persecución selectiva y uso faccioso de la justicia para encarcelar adversarios, ciudadanos incómodos o simples víctimas de rencillas institucionales. Los excesos del periodo Cuitláhuac García–Eric Cisneros, dejaron una huella profunda: la prisión preventiva oficiosa convertida en arma política, el delito de “ultrajes a la autoridad” usado como garrote, y una opacidad institucional que sigue pesando sobre la memoria colectiva.

A grandes rasgos, los factores que han erosionado la credibilidad de la Fiscalía veracruzana incluyen:

1. Intereses políticos

La elección del Fiscal General ha estado, sistemáticamente, bajo el control del Ejecutivo estatal y de los grupos dominantes en Morena. El cargo se ha convertido en una pieza de alto valor estratégico, capaz de garantizar protección, control territorial y continuidad política.

2. Corrupción e infiltración criminal

Persisten señalamientos graves por inacción en casos de desaparición forzada, omisiones deliberadas y posibles vínculos con grupos delictivos. La figura de la fiscal saliente, Verónica Hernández Giadáns, quedó marcada desde que ella misma reconoció un parentesco con una operadora de Los Zetas —aunque negara nexos y presumiera resultados.

3. Ineficacia institucional y desgaste social

Las carpetas sin resolver, la atención deficiente a víctimas y el rezago en la procuración de justicia han minado profundamente la confianza ciudadana.

4. Autonomía simulada

Aunque constitucionalmente la FGE es un órgano autónomo, su independencia real ha sido una quimera. La reciente reducción del periodo del fiscal —de nueve a cuatro años— ha sido interpretada por especialistas como una maniobra para ampliar el control del poder ejecutivo.

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El desafío para Rocío Nahle: romper con el pasado o repetirlo

En este contexto, Rocío Nahle enfrenta una coyuntura crítica para su administración y para el legado que pretende construir. Más allá de discusiones identitarias sobre su origen, lo cierto es que hoy tiene la responsabilidad de recomponer la percepción ciudadana y distanciarse del pasado inmediato —ese pasado que dejó heridas abiertas y miles de veracruzanos encarcelados arbitrariamente.

Por ello, si se decide a ejercer el reemplazo de Verónica Hernández, la gobernadora debe evaluar con rigor los perfiles en juego. La magistrada Aurelia Jiménez Aguirre, promovida con insistencia por operadores internos, representa precisamente la etapa más oscura de la justicia en el estado; un periodo marcado por abusos, manipulación institucional y decisiones que lesionaron gravemente los derechos de miles de ciudadanos. Su nombre revive un capítulo que todavía supura dolor e indignación en Veracruz.

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Los movimientos en la sombra

El grupo de Cuitláhuac García y Juan Javier Gómez Cazarín —leales solo en discurso— operan desde el Congreso local y desde la estructura de Bienestar para promover a la magistrada Jiménez Aguirre. Utilizan vínculos políticos, comadres, empresarios cercanos y operadores para presionar sutilmente a la gobernadora.

A nivel nacional, la estrategia incluye cabildeos discretos en pasillos del poder, buscando que desde la Federación se perciba a Jiménez Aguirre como una “candidata viable”. Pero esa “viabilidad” responde más a compromisos del viejo grupo que a una verdadera intención de reconstruir la justicia en Veracruz.

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El factor criminal: el estado como botín

Otro elemento que no puede ignorarse es el interés de los grupos delictivos que operan en Veracruz. Sus objetivos son claros:

• Infiltración y control institucional

• Impunidad y protección operativa

• Manipulación de procesos legales

• Beneficios económicos y lavado de activos

• Control territorial con cobertura política

La historia reciente muestra que cuando la Fiscalía es débil o está capturada, estos intereses avanzan sin freno. Veracruz ha sido ejemplo doloroso de ello.

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La decisión es política, estratégica y moral

Rocío Nahle tiene ante sí una de las decisiones más trascendentales de su primer año de gobierno. Nombrar fiscal no es un trámite. Es un mensaje. Es el punto de quiebre entre la continuidad del pasado o la construcción de un nuevo rumbo.

Más allá de compromisos, afectos o presiones del grupo de su antecesor, la gobernadora debe asumir que el futuro de la seguridad, la justicia y la estabilidad del estado depende de colocar en la FGE a una persona de su absoluta confianza, con solvencia técnica, autonomía real y lealtad al proyecto que hoy encabeza.

El próximo o próxima Fiscal de Veracruz debe ser alguien de su círculo cercano. Eso no es capricho: es un requisito para garantizar gobernabilidad, seguridad y estabilidad institucional.

Eso, en este momento, es sencillamente innegociable.