Cuando la sanidad vegetal se politiza
En Veracruz, algo más que un conflicto administrativo está ocurriendo en el campo. Lo que hoy denuncian integrantes del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz no es un simple desacuerdo burocrático, sino una señal de alerta sobre el rumbo que podría estar tomando la política agrícola en la entidad.
Las acusaciones dirigidas a la representación estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no son menores: hablan de omisiones, decisiones fuera de norma y, sobre todo, de un posible debilitamiento institucional en un tema tan delicado como la sanidad vegetal. En otras palabras, lo que está en juego no es solo la estructura administrativa, sino la capacidad del estado para proteger su producción agrícola.
El señalamiento contra Evaristo Ovando Ramírez apunta a cambios que, según los productores organizados, rompen con reglas previamente establecidas. La modificación de padrones para incluir actores ajenos a las estructuras formales no solo genera suspicacias, sino que abre la puerta a decisiones discrecionales en un ámbito que debería regirse por criterios técnicos.
Pero quizá lo más preocupante no es quién entra, sino quién queda fuera. Si las Juntas Locales de Sanidad Vegetal —históricamente integradas por productores con conocimiento del territorio— pierden peso o son sustituidas por esquemas sin sustento legal claro, se corre el riesgo de desarticular el trabajo en campo. Y sin ese trabajo, la sanidad vegetal deja de ser una política efectiva para convertirse en un trámite más.
A esto se suma otro elemento crítico: la presunta designación de perfiles sin experiencia técnica. En un sector donde el control de plagas, enfermedades y certificaciones sanitarias exige conocimiento especializado, improvisar no es una opción. Las consecuencias no tardarían en reflejarse, no solo en pérdidas productivas, sino en la posible restricción de mercados.
El fondo del problema parece claro: cuando las decisiones técnicas se subordinan a intereses políticos, las instituciones se debilitan. Y cuando eso ocurre en el ámbito agrícola, el impacto trasciende lo administrativo y golpea directamente a los productores.
Veracruz no puede darse ese lujo. Su vocación agrícola y su relevancia en el contexto nacional exigen estructuras sólidas, transparentes y, sobre todo, profesionales. Ignorar la voz de quienes operan día a día en el campo no solo es un error político, sino una apuesta arriesgada.
Porque al final, la pregunta es inevitable: ¿se está fortaleciendo la sanidad vegetal o se está reconfigurando el control del sector?
La respuesta, como casi siempre, se verá en los resultados. Y en el campo, esos resultados no tardan en hacerse evidentes.


