INDICADORES POLÍTICOS

• Veracruz y su deuda histórica con los periodistas

• La exigencia de transparencia y debido proceso

Ulin de la Cruz

En Veracruz, ejercer el periodismo vuelve a ser un acto de alto riesgo. La detención del periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita”, bajo la grave acusación de terrorismo, no sólo es un hecho alarmante: es una señal peligrosa para la democracia, la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.

Calificar como terrorismo la labor periodística, la denuncia ciudadana o la crítica a las autoridades constituye una distorsión inadmisible del Estado de derecho. El terrorismo, por definición, busca sembrar miedo y violencia contra la población; el periodismo, en cambio, busca exponer abusos, visibilizar injusticias y exigir rendición de cuentas. Confundir —o peor aún, equiparar— ambas cosas no es un error técnico, es una decisión política.

La imputación contra “Lafita” resulta desproporcionada y preocupante porque abre la puerta a un precedente sumamente grave: que cualquier periodista incómodo pueda ser criminalizado con los delitos más severos del Código Penal. Hoy es Rafael León Segovia; mañana puede ser cualquier reportero, columnista o comunicador que se atreva a incomodar al poder.

No es casual que este tipo de acciones ocurran en contextos donde la crítica pública se percibe como amenaza y no como un componente esencial de la vida democrática. Veracruz, un estado marcado por una larga historia de agresiones contra periodistas, vuelve a colocarse bajo el foco nacional e internacional, no por avances en materia de derechos humanos, sino por retrocesos que creíamos superados.

La exigencia del gremio periodístico es clara y legítima: una explicación inmediata y transparente por parte del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General. El silencio institucional o la opacidad sólo profundizan la sospecha de que se está utilizando el aparato de justicia como mecanismo de intimidación.

La libertad de prensa no es una concesión del poder; es un derecho constitucional. Sin periodistas libres no hay ciudadanía informada, y sin ciudadanía informada no hay democracia real. Cuando un gobierno permite —o promueve— la persecución de periodistas, lo que está en juego no es la reputación de un comunicador, sino el derecho colectivo a la verdad.

En este contexto, resulta fundamental el acompañamiento de organizaciones como Artículo 19, cuya intervención no sólo visibiliza el caso a nivel nacional e internacional, sino que obliga a las autoridades a responder bajo el escrutinio público. Su presencia es un recordatorio de que la libertad de expresión es un compromiso del Estado mexicano ante la comunidad internacional, no un favor político.

Criminalizar el periodismo bajo la figura de terrorismo es una estrategia de miedo. Busca enviar un mensaje claro: “callen o enfrenten las consecuencias”. Sin embargo, la historia demuestra que el silencio impuesto nunca ha fortalecido a los gobiernos, sólo ha debilitado a las instituciones.

El gremio periodístico de Veracruz ha hecho lo correcto al cerrar filas. La unidad, la denuncia pública y la vigilancia constante son hoy más necesarias que nunca. Defender a “Lafita” no es un acto corporativo; es una defensa del derecho de todos a informar y a ser informados.

El periodismo no es un crimen. Denunciar abusos no es terrorismo. Preguntar, investigar y señalar no desestabiliza a la sociedad; lo que la desestabiliza es la impunidad, el abuso de poder y la criminalización de la verdad.

Hoy, más que nunca, la pregunta no es sólo qué pasará con Rafael León Segovia. La pregunta es qué tipo de democracia estamos dispuestos a defender. Porque cuando informar se castiga como terrorismo, el verdadero riesgo lo enfrenta toda la sociedad.

Sin embargo, tambien más alla de la Solidaridad y unidad en torno al comunicador y periodista, también esta la transparencia, la justicia y el debido proceso, en caso de que la autoridad tenga elementos que si vinculen al «Sujeto»  a eventos punibles, inclusos en la exageración de elevar el nivel del delito a acciones de terrorismo y lo que signifique, los hechos por lo que imputan al periodista-.