Asesinato de Carlos Manzo: entre la línea criminal y la sombra política
INDICADORES POLÍTICOS
Ulin de la Cruz
Entre acusaciones al oficialismo y la exigencia de investigar el móvil político, el caso tensiona la relación entre poder, justicia y violencia en Michoacán.
La denuncia presentada por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán abre un nuevo capítulo en uno de los crímenes políticos más delicados de los últimos años en la entidad. No se trata solo de un acto jurídico; es, sobre todo, una acusación pública que busca mover el eje de la investigación hacia un terreno que incomoda: el móvil político.
Quiroz no sólo exige justicia por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez; exige que no se cierre ninguna puerta, especialmente aquella que apunta hacia actores de peso dentro de Morena en Michoacán. Su mensaje es claro y directo: “Si no hay nada que temer, que vengan a declarar”.
Denuncia con nombres propios
La edil acusa de posibles vínculos con el crimen a tres figuras de trayectoria consolidada en la izquierda mexicana: el diputado federal Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde de Uruapan Ignacio Campos Equihua. No los señala como autores materiales, pero sí como actores que, según afirma, fueron denunciados públicamente por Manzo antes de su muerte.
La gravedad de esta imputación no radica únicamente en los nombres mencionados, sino en el contexto: Morena gobierna el país, controla buena parte del aparato político en Michoacán y mantiene influencia en los equilibrios locales. Señalar a cuadros de ese nivel implica un desafío directo al poder partidista y, en términos políticos, una apuesta de alto riesgo.
El peso de los antecedentes
Los perfiles de los señalados no son menores. Godoy Rangel fue gobernador de Michoacán y ha transitado por distintas etapas de la izquierda institucional; Morón Orozco ha sido senador, alcalde de Morelia y figura cercana al magisterio; Campos Equihua, por su parte, perdió la reelección municipal en 2024 frente al propio Carlos Manzo, lo que añade un componente político-electoral al trasfondo del caso.
Este último dato no es irrelevante. La derrota electoral de Campos ante Manzo configuró una rivalidad directa en el ámbito local. En la lógica de la política municipal, donde los conflictos suelen ser intensos y personalistas, ese antecedente alimenta la sospecha de un posible móvil político, aunque, por sí mismo, no constituya prueba de responsabilidad penal.
Un crimen entre dos narrativas
El asesinato de Carlos Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de Velas del Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan. Un menor de 17 años le disparó en repetidas ocasiones; minutos después, el agresor fue abatido por un escolta. Desde entonces, la investigación ha derivado en cerca de veinte detenciones vinculadas presuntamente con el crimen organizado, particularmente con el CJNG.
Ahí surge el dilema central: ¿fue un crimen del narcotráfico o un asesinato con motivación política? La narrativa oficial se inclina, hasta ahora, hacia la primera hipótesis. La denuncia de Quiroz, sin embargo, busca obligar a que la segunda no sea descartada.
No es una disputa menor. En México, los homicidios de actores políticos suelen ubicarse rápidamente en la esfera del crimen organizado, lo que en ocasiones permite cerrar el caso bajo la lógica de la violencia generalizada. Pero cuando la víctima denunció previamente a adversarios políticos —como afirma la alcaldesa—, ignorar esa línea equivale a dejar abierta una sospecha permanente sobre la imparcialidad de las instituciones.
Justicia, política y percepción pública
Más allá de la veracidad o no de los señalamientos, el efecto político ya está en marcha. La denuncia obliga a los aludidos a responder, no solo ante la justicia, sino ante la opinión pública. La presión no es jurídica sino simbólica: comparecer para despejar dudas o guardar silencio y alimentar la sospecha.
La petición de Quiroz a la presidenta Claudia Sheinbaum de “no encubrir a nadie” también revela la dimensión nacional que puede adquirir el caso. Si la investigación se percibe sesgada, el asesinato de Manzo podría convertirse en un emblema del debate sobre la violencia política y la autonomía de las fiscalías en un contexto de hegemonía partidista.
El riesgo de cerrar prematuramente el caso
Las autoridades tienen ahora un reto doble: sostener la línea criminal con base en evidencias sólidas y, al mismo tiempo, investigar sin prejuicios la posible dimensión política. Descartar esta última sin agotar diligencias sería un error político y jurídico que podría minar la credibilidad de la investigación.
Porque en crímenes de esta naturaleza no basta con detener a los autores materiales; la sociedad exige conocer si hubo intereses políticos, rivalidades electorales o presiones de poder detrás del gatillo. La justicia incompleta, en estos casos, se convierte en una forma de impunidad.
Una pregunta que sigue abierta
El asesinato de Carlos Manzo permanece en una zona de incertidumbre donde convergen el crimen organizado, la competencia política y las tensiones locales de poder. La denuncia de Grecia Quiroz no prueba culpabilidades, pero sí obliga a formular la pregunta incómoda: ¿se investiga todo lo que debe investigarse?
Responderla con transparencia será clave no sólo para esclarecer un homicidio, sino para definir si en México los crímenes contra actores políticos se explican únicamente por la violencia criminal o si, en ocasiones, esconden disputas de poder que nadie quiere reconocer.
Pasara igual que en los crimenes políticos de gran impacto
AL OLVIDO Y CONGELAMIENTO DE CARPETAS EN EL SISTEMA JUDICIAL….