LA VICERRECTORÍA BAJO SOSPECHA: ¿CACERÍA DE BRUJAS EN LA UV?
Dicen que en política no hay casualidades. Y en una universidad, menos cuando empiezan a repetirse las mismas quejas desde distintos escritorios.
LA VICERRECTORÍA BAJO SOSPECHA: ¿CACERÍA DE BRUJAS EN LA UV?
Dicen que en política no hay casualidades. Y en una universidad, menos cuando empiezan a repetirse las mismas quejas desde distintos escritorios.
En los pasillos de la Universidad Veracruzana, particularmente en los campus de Coatzacoalcos y Minatitlán, comienza a tomar fuerza una versión incómoda para la administración regional: la de una presunta operación de control interno donde, según voces de docentes y trabajadores, el favoritismo, el compadrazgo y las represalias estarían ganando terreno frente al mérito académico y la institucionalidad.
No es una acusación menor.
Tampoco sería responsable presentarla como un hecho consumado.
Pero cuando son varios los integrantes de una comunidad universitaria que, por temor a posibles consecuencias laborales, prefieren hablar bajo anonimato, algo merece ser revisado.
Y no precisamente debajo de la alfombra.
El poder de la Vicerrectoría
Los señalamientos apuntan directamente hacia la actual conducción de la Vicerrectoría regional, encabezada por Georgina Hernández Ríos y Noemí Macedonio.
Según testimonios recogidos, existiría inconformidad por la manera en que presuntamente se han distribuido cargos, comisiones, responsabilidades directivas y oportunidades de plazas académicas.
La pregunta que flota en el ambiente universitario es bastante sencilla:
¿Se están aplicando las mismas reglas para todos?
Porque una cosa es ejercer las facultades que la normativa universitaria concede a las autoridades y otra muy distinta sería —si las versiones llegaran a comprobarse— utilizar esas facultades para beneficiar a personas cercanas o para desplazar a quienes resulten incómodos.
Eso, en cualquier institución pública, sería un asunto serio.
Y en una universidad pública, todavía más.
Los famosos “aviadores”
Otro de los temas que circula entre docentes es el de los presuntos “aviadores”.
El término es fuerte, desde luego. Por eso no debe utilizarse como sentencia contra ninguna persona sin pruebas.
Los inconformes señalan específicamente el caso de dos docentes que presuntamente mantendrían cargos con sueldo de directivo relacionados con el extinto TSU de Enfermería del campus Coatzacoalcos.
¿Es cierto?
Eso no corresponde determinarlo a los rumores de pasillo ni a una columna periodística.
Corresponde revisar nombramientos, nóminas, funciones, horarios, contratos y demás documentación oficial.
Si todo está en orden, asunto aclarado.
Pero si existe alguna anomalía, entonces las autoridades tendrán que explicar por qué.
Así de simple.
¿Directivos por mérito o por cercanía?
También hay inconformidad por determinados procesos de designación de directores y responsables de áreas académicas.
Los denunciantes sostienen que algunas decisiones habrían favorecido a personas identificadas con el grupo de la Vicerrectoría.
De comprobarse, el problema no sería solamente político.
Sería institucional.
Porque una universidad no puede convertirse en una estructura donde la lealtad personal pese más que la trayectoria académica, la preparación o los procedimientos establecidos.
La Universidad Veracruzana no debería tener “cuates” con privilegios y “enemigos” con expediente.
Y aquí aparece otro asunto delicado.
Cuando disentir puede salir caro
Entre las versiones que circulan también aparece el nombre de Alejandra Cruz Torres, relacionada con asuntos laborales de la región.
Trabajadores y académicos consultados manifiestan inconformidad por su actuación en determinados procedimientos y señalan, de manera particular, el presunto uso de actas circunstanciadas y otros mecanismos administrativos que, desde su perspectiva, podrían utilizarse como instrumentos de presión.
Hay quienes incluso hablan de una presunta campaña de hostigamiento contra directivos o trabajadores que no coincidirían con determinadas decisiones de la Vicerrectoría.
Si esto fuera solamente una diferencia administrativa, debería resolverse mediante los canales institucionales.
Pero si existiera una práctica sistemática de utilizar procedimientos laborales para intimidar o castigar la disidencia, estaríamos ante algo mucho más grave.
Porque en una universidad se puede sancionar una conducta; lo que no debería sancionarse es pensar diferente.
Desde luego, las personas señaladas tienen derecho a explicar su versión y, si así lo consideran, aportar la documentación que permita contrastar estos señalamientos.
Consejos Técnicos: ¿órganos colegiados o trámite administrativo?
Y llegamos a otro terreno espinoso: los Consejos Técnicos.
Los inconformes aseguran que algunos integrantes de estos órganos colegiados habrían recibido presiones para respaldar determinadas decisiones.
De ser cierto, habría que preguntarse entonces para qué existen los órganos colegiados.
Los Consejos Técnicos no deberían convertirse en una simple ventanilla para validar decisiones previamente tomadas.
Su función requiere deliberación, análisis y libertad para votar conforme a las atribuciones que les confiere la normativa.
Si sus integrantes pueden decidir libremente, perfecto.
Si sienten que deben hacerlo bajo presión, entonces tenemos un problema.
Y uno bastante serio.
Plazas y presupuesto: ahí está el verdadero meollo
Pero quizá la acusación que más debería llamar la atención de las autoridades universitarias es la relacionada con plazas académicas y recursos públicos.
Los denunciantes hablan de presuntas asignaciones realizadas sin criterios suficientemente claros y cuestionan también el manejo presupuestal de determinadas facultades.
Aquí no debería existir misterio alguno.
Las plazas se documentan. Los nombramientos se documentan. Los presupuestos se documentan. Las funciones se documentan.
Entonces, ¿por qué no revisar?
Si todo está conforme a derecho, la documentación debería despejar cualquier duda.
Y si no lo está, las propias autoridades universitarias deberían ser las primeras interesadas en corregirlo.
El silencio también comunica
Lo verdaderamente preocupante sería que la respuesta institucional ante estas inconformidades fuera simplemente el silencio o la descalificación de quienes las plantean.
Porque cuando una comunidad universitaria empieza a hablar de favoritismo, compadrazgo, presuntas plazas irregulares, presión sobre Consejos Técnicos y hostigamiento laboral, la salida no es perseguir al mensajero.
La salida es abrir los expedientes.
Revisar los procedimientos.
Transparentar lo que pueda transparentarse.
Y, sobre todo, permitir que quien tenga pruebas pueda presentarlas sin temor a represalias.
Que se investigue, pero que también se pruebe
Conviene insistir en algo fundamental: ninguna de las acusaciones mencionadas en esta columna debe considerarse probada mientras no existan documentos, investigaciones o resoluciones que las acrediten.
Pero exactamente por la misma razón, tampoco deberían desecharse simplemente porque resulten incómodas.
La solución está en investigar.
Si los señalamientos son falsos, que se demuestre.
Si son producto de conflictos internos, que se esclarezca.
Y si alguno de ellos tiene sustento, que se finquen las responsabilidades correspondientes.
Sin privilegios.
Sin venganzas.
Sin “cacerías de brujas”.
Porque si algo necesita una institución educativa es precisamente lo contrario de una cacería: reglas claras, contrapesos y autoridades sujetas a la rendición de cuentas.
La Universidad Veracruzana tiene una responsabilidad que va mucho más allá de sus oficinas regionales.
Es una institución pública y, por tanto, sus decisiones deben estar a la altura de la confianza que la sociedad deposita en ella.
Por eso sería saludable que las autoridades competentes respondieran algunas preguntas que hoy circulan entre docentes y trabajadores:
¿Cómo se han asignado las plazas cuestionadas?
¿Bajo qué criterios se han otorgado cargos y comisiones?
¿Qué ocurre con los puestos relacionados con el extinto TSU de Enfermería?
¿Existen procedimientos administrativos contra trabajadores que hayan manifestado desacuerdos con la Vicerrectoría y, de ser así, cuál fue su fundamento?
¿Los Consejos Técnicos han actuado con plena autonomía?
Y una última pregunta, quizá la más importante:
¿En la región Coatzacoalcos-Minatitlán manda la normativa universitaria o manda el grupo en el poder?
Que respondan los documentos.
Que hablen los expedientes.
Que se escuche a todas las partes.
Porque cuando se trata de recursos públicos y de una institución como la Universidad Veracruzana, la transparencia no debería ser una concesión: debería ser la regla.
