¿Privilegios sindicales o una administración selectiva en el HAEV?
En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, trabajadores han colocado sobre la mesa una serie de señalamientos que, por su naturaleza, merecen algo más que una respuesta política o administrativa de rutina.
Indicadores Políticos
¿Privilegios sindicales o una administración selectiva en el HAEV?
Por Ulín de la Cruz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hay instituciones donde los problemas laborales terminan convirtiéndose en problemas de gobernabilidad. Y cuando se trata de un hospital de alta especialidad, la discusión deja de ser exclusivamente sindical: también involucra la calidad de los servicios, la seguridad de los pacientes y la capacidad de las autoridades para administrar con criterios de legalidad, imparcialidad y transparencia.
En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, trabajadores han colocado sobre la mesa una serie de señalamientos que, por su naturaleza, merecen algo más que una respuesta política o administrativa de rutina.
La denuncia apunta hacia una presunta relación de trato preferencial entre el coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, y la dirigencia de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, encabezada por Elizabeth Melquiades Rodríguez.
Hay que decirlo con claridad: estamos frente a señalamientos formulados por trabajadores inconformes, no ante responsabilidades determinadas por una autoridad competente. Precisamente por eso, lo que corresponde no es descalificar a quienes denuncian, sino investigar y transparentar.
La pregunta central
De acuerdo con los trabajadores, existen diversas organizaciones sindicales con representación entre el personal y, sin embargo, la Sección 40 tendría una presencia privilegiada en reuniones, gestiones y decisiones relacionadas con la vida laboral del hospital.
Si esta percepción corresponde o no a la realidad es algo que puede determinarse fácilmente.
¿Cómo se convocan las reuniones?
¿Quiénes participan?
¿Qué organizaciones sindicales son reconocidas formalmente?
¿Qué criterios se utilizan para integrar las comisiones?
¿Quién autoriza los movimientos de personal?
¿Y bajo qué procedimientos se realizan los cambios de adscripción?
Son preguntas sencillas, pero las respuestas deberían estar documentadas.
Porque en una institución pública la discrecionalidad es terreno fértil para la sospecha.
Las comisiones mixtas: el punto donde se cruzan derechos laborales
Uno de los señalamientos que merece especial atención es la integración de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene.
Si existen diversas representaciones sindicales reconocidas, resulta legítimo preguntar si todas tienen derecho a participar conforme al marco jurídico y laboral aplicable.
No se trata de favorecer a un sindicato sobre otro.
Se trata precisamente de lo contrario: que ninguno tenga privilegios indebidos.
La seguridad e higiene de un hospital no puede convertirse en moneda de cambio político o sindical. Ahí se discuten condiciones de trabajo, riesgos, instalaciones, equipos y circunstancias que pueden afectar directamente al personal y, por consecuencia, a los pacientes.
Plazas, movimientos y la inevitable pregunta sobre la transparencia
Otro asunto señalado por los trabajadores tiene que ver con los movimientos de personal y cambios de adscripción.
El caso referido por los denunciantes respecto de Lucía Guadalupe Melchor Andrade, quien habría sido trasladada del HAEV al Laboratorio Estatal, plantea una pregunta que va más allá del nombre de una persona:
¿Cuál fue el procedimiento utilizado para realizar ese movimiento?
Si existe una normatividad, debe cumplirse.
Si existen mecanismos escalafonarios, deben respetarse.
Si hay plazas o responsabilidades disponibles, los trabajadores tienen derecho a conocer cuáles son las reglas del juego.
Porque cuando los procedimientos son transparentes, disminuye la posibilidad de que alguien interprete una decisión administrativa como un favor, una cuota sindical o una negociación política.
Y aquí aparece el verdadero problema
Lo preocupante no es únicamente quién se reúne con quién.
Lo verdaderamente delicado es la percepción de que pudiera existir una administración selectiva de las relaciones laborales dentro de una institución pública.
Una autoridad no debe gobernar para una organización sindical.
Debe gobernar para todos los trabajadores y, por encima de ellos, para la institución y para los ciudadanos que dependen de sus servicios.
Si ocho organizaciones tienen representación reconocida, el principio elemental debería ser el diálogo institucional con todas, dentro del marco que corresponda.
Porque el hospital no es patrimonio de un sindicato.
Tampoco de un funcionario.
Mucho menos de una corriente política.
Cuando faltan insumos, el problema deja de ser sindical
Hay otro elemento que no debería perderse de vista.
Los trabajadores también denuncian carencias de insumos, materiales y recursos indispensables para desarrollar sus actividades.
Y aquí la discusión adquiere otra dimensión.
Un trabajador puede soportar una mala relación laboral, una diferencia sindical o incluso una decisión administrativa cuestionable. Pero cuando la falta de recursos afecta la posibilidad de brindar atención médica adecuada, el asunto deja de ser interno.
El paciente termina pagando las consecuencias.
Los señalamientos relacionados con médicos residentes que habrían reclamado la falta de insumos y posteriormente recibido llamados de atención o presiones también deberían ser esclarecidos.
Si un residente exige material indispensable para realizar una actividad médica, la pregunta no debería ser primero quién se quejó.
La pregunta debería ser:
¿Por qué faltaba el material?
La paradoja
Resulta paradójico que en un hospital de alta especialidad pueda existir mayor preocupación por controlar la inconformidad que por resolver las causas que la generan.
Si un trabajador denuncia falta de insumos, el problema no desaparece porque se le pida silencio.
Si un residente reclama condiciones adecuadas para trabajar, el problema no se resuelve con una llamada de atención.
Y si un sindicato cuestiona una decisión administrativa, tampoco debería convertirse automáticamente en adversario de la autoridad.
La administración pública moderna debería funcionar precisamente al revés: las inconformidades deben servir para detectar problemas y corregirlos.
¿Quién vigila al vigilante?
Aquí aparece una pregunta inevitable para el IMSS-Bienestar y para las autoridades del sector salud:
¿Quién está revisando que las decisiones administrativas y laborales dentro del HAEV se estén tomando conforme a derecho?
Si todo está en orden, transparentarlo debería ser relativamente sencillo.
Si los movimientos de personal cumplen con los procedimientos, que se documenten.
Si la integración de las comisiones cumple con la normatividad, que se explique.
Si todas las organizaciones sindicales reciben el mismo trato, que se demuestre.
Y si las acusaciones son falsas, que también se aclare con documentos, no solamente con declaraciones.
Porque la transparencia no debe utilizarse únicamente cuando conviene.
El silencio tampoco resuelve
En política y en administración pública existe una vieja tentación: esperar a que el problema desaparezca.
Pero los problemas institucionales rara vez desaparecen solos.
Se acumulan.
Se convierten en inconformidad.
La inconformidad se convierte en conflicto.
Y el conflicto termina afectando a la institución.
Por eso, los señalamientos surgidos desde el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz merecen una revisión seria, imparcial y documentada.
No para darle la razón automáticamente a quienes denuncian.
Tampoco para proteger a quienes son señalados.
Sino para determinar qué ocurrió realmente.
En una institución pública no puede existir una puerta para unos y otra para los demás.
No puede haber trabajadores de primera y de segunda.
No puede haber organizaciones sindicales privilegiadas por encima de otras si la ley establece condiciones de igualdad.
Y tampoco puede normalizarse que médicos, enfermeras, residentes o trabajadores tengan que poner dinero de su bolsillo para suplir carencias que corresponden resolver a la institución.
El Hospital de Alta Especialidad de Veracruz tiene una responsabilidad demasiado importante como para convertir sus problemas laborales en una disputa de grupos.
La solución pasa por transparencia, diálogo, reglas claras y rendición de cuentas.
Y si existen indicios de irregularidades, que se investiguen.
Si no existen, que se aclare.
Pero que nadie pretenda resolver un problema institucional con silencio.
Porque cuando hablamos de un hospital, detrás de cada expediente administrativo hay trabajadores.
Y detrás de cada trabajador, hay pacientes.
La salud pública no puede depender de quién tiene más cercanía con el poder.
Los señalamientos expuestos en esta columna corresponden a testimonios y denuncias formuladas por trabajadores inconformes. La existencia de responsabilidades administrativas, laborales o de cualquier otra naturaleza deberá ser determinada por las autoridades competentes mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes.
