La empresa exportadora San Gabriel presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal por presunta privación de la libertad, amenazas, extorsión y daños. La investigación quedó registrada bajo la carpeta MTZ/DIX/F2/922/2026.
Martínez de la Torre, Veracruz, 23 de octubre de 2026.— El exalcalde de Martínez de la Torre, Rolando Olivares Ahumada, recurrió a las instancias legales luego de que, desde el lunes 19 de octubre, un grupo de personas mantiene bloqueado el acceso principal de la empresa exportadora de limón persa San Gabriel, ubicada en el libramiento Tlapacoyan-Martínez de la Torre.
Por estos hechos, Neftalí Celis Toral, apoderado legal de la empresa, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Estatal por los presuntos delitos de privación de la libertad, amenazas, extorsión, daños y los que resulten de las investigaciones.
La querella quedó asentada en la carpeta de investigación número MTZ/DIX/F2/922/2026, por lo que elementos de la Policía Ministerial iniciaron las diligencias correspondientes para recabar pruebas y determinar las posibles responsabilidades de quienes resulten involucrados.
De acuerdo con la información proporcionada, las personas que participan en el bloqueo exigen el pago de adeudos que presuntamente mantiene con ellas el exalcalde, situación que ha derivado en el conflicto en las instalaciones de la empresa.
Olivares Ahumada afirma que existe disposición para pagar adeudos acreditados
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Rolando Olivares Ahumada manifestó que tiene voluntad de liquidar las deudas que sean debidamente acreditadas mediante la documentación correspondiente.
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Asimismo, señaló que ya sostuvo conversaciones con algunos de los manifestantes que iniciaron las movilizaciones y que, con ellos, logró establecer los acuerdos legales necesarios para atender sus planteamientos.
La postura del exalcalde apunta a que las diferencias relacionadas con posibles adeudos deben resolverse mediante mecanismos legales y con documentos que permitan acreditar las obligaciones reclamadas.
Advierten posibles consecuencias legales
Por su parte, el abogado Ernesto Moncada Rivas explicó que, en caso de que las personas denunciadas sean procesadas y se acrediten los delitos correspondientes, podrían enfrentar penas de prisión que, según señaló, alcanzarían entre cinco y diez años, dependiendo de los delitos que se configuren y de las circunstancias del caso.
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No obstante, serán las autoridades ministeriales y judiciales las encargadas de determinar si existen elementos suficientes para ejercer acción penal, establecer las responsabilidades correspondientes y, en su caso, imponer las sanciones previstas por la ley.
Hasta el momento, la presentación de la denuncia constituye el inicio de una investigación y no implica, por sí misma, que las personas señaladas sean culpables de los hechos denunciados.
Empresa mantiene disposición al diálogo
Neftalí Celis Toral reiteró que, en su calidad de representante legal de la empresa San Gabriel, mantiene abierta la posibilidad de dialogar con los compradores y productores de limón que reclaman el pago de adeudos.
Aseguró que la propuesta de diálogo fue planteada desde el pasado 19 de octubre, fecha en que comenzó el bloqueo de las instalaciones, con la intención de encontrar una salida al conflicto sin que se prolonguen las afectaciones.
También expresó su agradecimiento por el respaldo recibido del Gobierno del Estado para contribuir a garantizar la seguridad del propietario de la empresa y de sus trabajadores.
Mientras continúan las diligencias ministeriales, el conflicto entre los manifestantes y la empresa exportadora permanece bajo la atención de las autoridades. La resolución del caso dependerá de las pruebas que se aporten, de la acreditación de los adeudos reclamados y de los procedimientos legales que correspondan a cada una de las partes.
