La deuda pública ya supera los 18.6 billones de pesos: cada mexicano carga, en promedio, con una obligación superior a los 140 mil pesos.

• Dato de referencia: considerando una población aproximada de 131 millones de habitantes y una deuda de 18.68 billones de pesos, la deuda per cápita ronda los 142 mil 600 pesos por mexicano.

INDICADORES POLÍTICOS

Ulín de la Cruz

La evolución reciente de la deuda pública mexicana refleja una realidad que merece un análisis profundo más allá de los discursos oficiales. Durante los últimos doce meses, el saldo de las obligaciones financieras del sector público aumentó en más de 1.15 billones de pesos, al pasar a 18 billones 680 mil 848 millones de pesos al cierre de abril de 2026, una cifra equivalente al 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En términos prácticos, el endeudamiento del país creció a un ritmo promedio de 3 mil 152.7 millones de pesos diarios entre abril de 2025 y abril de 2026. Aunque el gobierno federal sostiene que este nivel continúa siendo manejable y competitivo frente a otras economías emergentes de América Latina, el incremento observado mantiene encendidas las alertas entre analistas, inversionistas y agencias calificadoras.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público defiende que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), considerado el indicador más amplio de la deuda gubernamental, permanece en una trayectoria sostenible y compatible con los objetivos de consolidación fiscal. Bajo esta óptica, el nivel de deuda equivalente a la mitad del PIB es presentado como una señal de disciplina financiera y manejo prudente de las finanzas públicas.

Sin embargo, el contexto internacional y la percepción de los mercados cuentan una historia más compleja. Durante mayo, dos de las principales agencias calificadoras del mundo expresaron preocupaciones respecto a la capacidad del país para contener el crecimiento de sus pasivos en el mediano plazo.

Por una parte, Standard & Poor’s ratificó la calificación soberana de México dentro del grado de inversión, pero modificó la perspectiva de estable a negativa. La agencia advirtió que el bajo dinamismo económico, las limitaciones presupuestarias y la posible materialización de pasivos contingentes podrían dificultar una reducción acelerada del déficit y provocar un incremento gradual de la deuda pública.

Más severa fue la evaluación de Moody’s, que argumentó un deterioro sostenido de la fortaleza fiscal del país, fenómeno que, a su juicio, se intensificó durante 2024 y podría prolongarse en los próximos años. La calificadora considera que la capacidad financiera del gobierno enfrenta crecientes presiones derivadas de mayores compromisos presupuestales y menores márgenes de maniobra fiscal.

A pesar de estas observaciones, Hacienda destaca que el crecimiento anual de la deuda, medido a través del SHRFSP, fue de apenas 2 por ciento hasta abril, el menor incremento registrado en los últimos tres años. Asimismo, subraya que los balances fiscales muestran resultados mejores a los previstos originalmente y que el déficit público registró una reducción de 1.8 por ciento anual, al pasar de 181.8 mil millones a 178.5 mil millones de pesos.

La discusión de fondo no radica únicamente en el tamaño actual de la deuda, sino en la velocidad con la que crece y en la capacidad de la economía mexicana para generar los ingresos necesarios que permitan sostenerla. Mientras el gobierno enfatiza la estabilidad de los indicadores macroeconómicos y la gradual normalización del déficit, los mercados observan con cautela la combinación de bajo crecimiento económico, mayores compromisos de gasto y una recaudación que enfrenta importantes desafíos estructurales.

En consecuencia, la deuda pública mexicana se encuentra hoy en un punto de equilibrio delicado. No representa aún un riesgo sistémico para las finanzas nacionales, pero tampoco permite márgenes para la complacencia. La sostenibilidad fiscal dependerá, cada vez más, de la capacidad del país para impulsar el crecimiento económico, fortalecer la recaudación y mantener una política de gasto que combine responsabilidad financiera con eficiencia en la inversión pública.

La verdadera prueba para las finanzas nacionales no será alcanzar un determinado porcentaje de deuda respecto al PIB, sino demostrar que esa deuda puede seguir financiándose sin comprometer la estabilidad económica, la confianza de los inversionistas y el desarrollo de las próximas generaciones.