Denuncia ciudadana: señalan tráfico de influencias en llegada de juez federal a Xalapa
Xalapa, Veracruz — 9 de marzo de 2026.
La adscripción del juez federal Rafael Alejandro Tapia Sánchez al Sexto Tribunal Laboral Federal de Xalapa ha generado cuestionamientos al interior del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con fuentes internas consultadas, su llegada al estado habría ocurrido mediante presuntas gestiones políticas y tráfico de influencias, tras el fracaso de sus aspiraciones por ocupar una magistratura en Tabasco.
Según testimonios recabados dentro de la institución, el proyecto de ascenso del juez se vio frustrado por diversos escándalos que afectaron su trayectoria profesional en aquella entidad. Entre ellos destaca el despido de una trabajadora embarazada, situación que provocó señalamientos por presunto abuso de autoridad y un manejo cuestionado de sus facultades administrativas.
A lo anterior se sumó la polémica por su relación sentimental con la ex jueza Anabel Uribe, hermana de José Luis Uribe Sánchez, quien se desempeñaba como secretario particular del propio Tapia Sánchez. Esta relación fue señalada por trabajadores judiciales como un posible conflicto de interés dentro del órgano jurisdiccional.
Fuentes internas del Poder Judicial aseguran que, lejos de derivar en sanciones, la readscripción del juez a Xalapa habría sido promovida para retirarlo del foco público en Tabasco y ubicarlo en un nuevo destino. En este contexto, mencionan la presunta influencia de la ministra Lenia Batres como parte de las gestiones que facilitaron su traslado.
Sin embargo, el malestar dentro del Sexto Tribunal Laboral Federal de Xalapa no se limita a su llegada. Personal del tribunal afirma que el juez Tapia Sánchez mantiene ausencias reiteradas, ya que dividiría su tiempo entre la Ciudad de México y Toluca, donde residiría con la ex jueza Uribe.
Trabajadores del órgano judicial señalan que estas ausencias han provocado inconformidad, al considerar que el funcionario ocupa un cargo público sin cumplir plenamente con sus responsabilidades laborales.
Hasta el momento, no existe un posicionamiento público del juez ni de las autoridades del Poder Judicial respecto a estos señalamientos. Mientras tanto, el caso ha comenzado a generar inconformidad entre trabajadores del tribunal y ciudadanos que exigen transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial.